Enmienda sobre la comunicación es "duro revés para la libertad de expresión en Ecuador", según SIP

Por: Teresa Menéndez Torres

Ecuavisa.com

 

 

 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) cataloga de un "duro revés para la libertad de expresión en Ecuador", una de las 15 enmiendas constitucionales, aprobadas el 3 de diciembre de 2015, que le concede al Estado la propiedad y la potestad de regular a la información como un servicio público.

 

Según la SIP, esta figura ya está contemplada en la Ley de Comunicación, vigente desde 2013, la cual -asegura el organismo- "es usada por el gobierno del presidente Rafael Correa como instrumento de presión y censura".

 

 

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Pierre Manigault, presidente de la SIP y del diario estadounidense The Post and Courier, expresó que "una vez más el gobierno ecuatoriano nos sorprende aplicando una vuelta más del torniquete contra la libertad de prensa y de expresión". Agregó que de esta forma, el gobierno de Ecuador "se arroga la potestad y el poder de conceder o no el derecho del público a la información, un derecho humano que no le pertenece a la autoridad sino al pueblo, como rezan los principios internacionales tal como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también la Declaración de Chapultepec".

 

 

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Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del semanario Búsqueda de Uruguay, dijo que "darle al Estado el poder de determinar que se trata de un servicio público, como un equivalente a otros servicios estratégicos como pueden ser el del agua, la electricidad, la salud o la seguridad pública, demuestra claramente que el gobierno se arroga para sí la posibilidad, por razones de su entera conveniencia, de controlar la información". 

 

Paolillo agregó que con la enmienda, "el gobierno de Correa ha querido simplemente darle legitimidad constitucional a la Ley de Comunicación que por sí misma no se sostenía, ya que el grado de censura que por ella se aplica, es a todas luces un atropello a la Constitución y al Estado de Derecho".

 

En el comunicado, la SIP cuestiona, además, órganos de vigilancia como la Superintendencia de la Información y Comunicación, (Supercom), que "controla, censura y se entromete en los contenidos periodísticos, disponiendo fuertes sanciones que obligaron a algunos medios a dejar de operar".

 

Recuerda que a mediados de septiembre de 2015, durante el Compromiso de Quito, una reunión organizada por la SIP y Fundamendios en la capital ecuatoriana, se pidió al gobierno de Correa que se archive esta enmienda por considerarse "abusiva a las libertades de prensa y de expresión".

 

 

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