Aspiazu sobre techo de utilidades: se estaría violando la Constitución

Diversas reacciones ha generado la propuesta de reformas laborales al Código de Trabajo, presentada por el presidente de la República, Rafael Correa, el sábado anterior. Uno de los temas que concentra la atención es la fijación de un techo a las utilidades de los trabajadores.

El director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, Roberto Aspiazu, tildó esta intención de inconstitucional, y recordó que la Carta de Montecristi habla de la intangibilidad del derecho de los trabajadores. “Esta política pública ya estuvo vigente en los años ochenta, donde el límite era 40 salarios, y en los noventa, de 80 salarios. Hay, además, un fallo de la Corte Constitucional que declara la inconstitucionalidad de esta ley”, manifestó durante su entrevista en Contacto Directo.

Aspiazu agregó que ese documento de Montecristi también prevé cuáles son los sectores que pueden quedar sujetos a una legislación especial para limitar las utilidades de los trabajadores: estratégicos de la economía, particularmente los que explotan recursos naturales no renovables. “Una vez más estaríamos dando un paso en la dirección de violar la Constitución, esta propuesta tiene que ser observada por la legislatura y por la opinión pública”, enfatizó.

El artículo 16 del proyecto establece límites a brechas remunerativas, es decir una relación entre el que más gana y el que menos gana en una empresa, de acuerdo a criterios que establecerá el Ministerio de Relaciones Laborales según la naturaleza y el sector económico de la empresa, entre otras variables. 

Al respecto, sostuvo: miramos esta propuesta con mucha reserva, no deja de ser un contrasentido que un país que está promoviendo lo que se denomina la economía del conocimiento, que está desarrollando este ambicioso proyecto de Yachay, esté -de alguna manera- tratando de fijar un ancla remunerativa entre el presidente ejecutivo, gerente general, altos ejecutivos de las empresas en relación con el salario piso.

“Hicimos consultas a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ningún país de la región lo está aplicando, salvo Estados Unidos, en el caso de dos bancos de inversión que a raíz de la crisis de 2008 fueron sujetos de salvataje, razón por la cual vía ley se les impuso un tope salarial. Esta política pública se instauró en países como India, en los años setenta, y resultó un completo fracaso porque derivó en la fuga de cerebros de gente altamente preparada que optó por salir del país”, explicó el empresario.

También habló de la eliminación del desahucio, por parte del empleador, la prohibición de despido a embarazadas y a dirigentes sindicales, y la mensualización voluntaria de los décimos sueldos.

Vea la entrevista completa en el video adjunto a la nota