11 dic 2019 , 03:57

Sobornos: decisión sobre posible llamado a juicio a Correa se posterga para 2020

Diligencia estaba prevista para el jueves, pero defensa solicitó diferimiento.

Para este jueves 12 de diciembre de 2019 la jueza Daniella Camacho convocó a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la defensa de los 24 procesados para anunciar su decisión sobre el llamado a juicio o sobreseimiento de los acusados de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. Entre los investigados está el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, varios exministros, exfuncionarios públicos y empresarios.

 

Pero esto ya no ocurrirá este 2019. La magistrada lo pospusó para el 2020, debido a los escritos de excusa presentados por los abogados de 4 procesados.

 

 

Diego Correa, que defiende a la exministra María de los Ángeles Duarte y al estadounidense William Phillips del Grupo Azul, argumentó que el mismo día debe asistir a otra audiencia que fue convocada con anterioridad.

 

También se excusaron los abogados de dos empresarios implicados. La defensa de José Verdú, de constructora Verdú, envió un certificado médico e indicó "me encuentro en un estado de salud deplorable, con una severa afección intestinal, que me impide ejercer con la debida diligencia la delicada defensa del procesado".

 

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Edgar Salas, de la constructora Consermín, indicó que su defensa "será sometida a un procedimiento de tratamiento gastroesofágico, razón por la cual, de la manera más comedida solicito a usted se sirva diferir la diligencia".

 

Tras estas 4 solicitudes, la jueza Daniella Camacho postergó la audiencia y notificó que "los pedidos de diferimiento se han justificado documentadamente, por lo que (...) dado el extenso calendario de audiencias fijado para esta sala, se difiere la audiencia señalada, la misma que se llevara a cabo el día viernes 03 de enero de 2020, a las 09h00".

 

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Este caso se sigue por supuestos pagos ilegales por 7.8 millones de dólares que habrían realizado empresarios para asegurar sus contratos con el Estado. 

 

El dinero, según la Fiscalía, se utilizaba en préstamos personales, campañas electorales y demás gastos de Alianza PAIS.

 

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