Defensa buscará libertad de Pabón, Hernández y González tras pedido de CIDH

Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a la justicia ecuatoriana a otorgar medidas cautelares a favor de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; del exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández; y del colaborador de la Prefectura, Christian González, la defensa buscará la libertad de los investigados por supuesta rebelión durante las protestas de octubre de 2019.

 

Así lo informó a la prensa, la mañana del sábado 7 de diciembre de 2019, el abogado de González, Fauto Jarrín Terán, quien solicitó las medidas cautelares ante la CIDH para los 3 vinculados al caso. 

"Quien tiene el tiempo en contra es el Estado, no la prefecta Pabón": lo que dijo el abogado #FaustoJarrín, quien buscará la libertad de su defendida tras pedido de la #CIDH https://t.co/qTPT6Aq0xp pic.twitter.com/Hy6DVjWYS7

— Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) December 7, 2019

 

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“Tenemos el camino constitucional que es el del hábeas corpus; tenemos el camino de la justicia interna ante la propia juez de Garantías del propio caso; tenemos la posibilidad de solicitar la revocatoria o solicitar la revisión de la medida”, explicó.

 

Recalcó que “tenemos bastante claros los caminos que nos ha marcado la misma la ley, la Constitución, el Código Orgánico Integral Penal”. Según la defensa, “son justamente esos caminos los que vamos a implementar efectivamente desde el día lunes a primera hora”.

 

“No la sustitución (de la medida), porque he visto que por ahí se están pronunciando; la sustitución cabe en delitos con menos de 5 años de sanción”, aclaró.

 

Acerca de la posibilidad de arresto domiciliario, Jarrín manifestó que esta medida “no subsanaría los riesgos a los que están sometidos. En el caso de la prefecta, eso no le permitiría ejercer su cargo con lo cual pondría nuevamente en riesgo la pérdida de los derechos electoral a los que la Comisión se refiere”.

 

Si los jueces decidieran la colocación de un grillete o la prohibición de salida del país, “eso tendríamos que aceptarlos y acatarlos porque no impiden el libre desarrollo de la gestión de cada uno de los procesados”.

 

Al referirse al tiempo de 60 días de licencia que le permite la ley a Pabón, Jarrín aseguró que, de acuerdo a lo establecido por la CIDH, “quien tiene el tiempo en contra es el Estado, no la prefecta Pabón”.

 

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“La Comisión le está citando una sentencia donde se ha sancionado a estados por afectar los derechos políticos de una persona sin tener sentencia ejecutoriada”, aseveró. 

 

En la resolución de la CIDH, difundida la tarde del viernes 6 de diciembre de 2019, la Comisión solicitó además que el Gobierno informe "sobre la adopción de estas medidas cautelares" en un plazo de quince días. 

 

El organismo reconoce, además, la existencia de un "grave riesgo" para los procesados.  

 

Pabón, Hernández y González fueron acusados de intento de desestabilización durante las protestas a inicio de octubre.