AI denuncia irregularidades en el caso de Ola Bini

Amnistía Internacional (AI) seguirá vigilando el proceso penal contra el ciudadano sueco, Ola Bini, en Ecuador, procesado por ataque a la integridad de sistemas informáticos. En una declaración pública, el movimiento global identificó "violaciones a los derechos humanos" e "interferencia indebida del Gobierno".

"El caso de Ola Bini muestra una grave contradicción en el sistema penal ecuatoriano. Con frecuencia, los ataques contra personas defensoras de derechos humanos permanecen impunes, mientras que las acusaciones infundadas contra ellas sí son investigadas inmediatamente", señaló Fernanda Doz Costa, directora adjunta para las Américas de esa organización.

Asimismo, AI alertó sobre el riesgo de que la Fiscalía presente pruebas obtenidas ilegalmente y pidió a las autoridades judiciales "verificar que cualquier prueba utilizada contra Bini haya sido obtenida con apego al derecho internacional".

"El uso indebido del sistema penal contra personas que defienden los derechos digitales y a la privacidad podría generar un ambiente intimidatorio y temor entre quienes llevan a cabo esta labor en Ecuador", agregó la declaración.

Recientemente, se conoció que el FBI extrajo conversaciones de Bini, que demostrarían que tenía buenas relaciones con funcionarios del gobierno de Rafael Correa y que también era parte activa en la estrategia de defensa del australiano Julian Assange.

Su abogado Carlos Soria cuestionó la participación de EE.UU. en el proceso.

Además, denunció que hace unos días le revocaron la autorización al acceso de copias, otorgado por la Fiscalía. Y negó algún tipo de relación de Bini con el expresidente Correa.

En días pasados, Fiscalía halló una foto en el celular del procesado, que comprobaría un presunto hackeo a cuatro páginas de entidades del Estado.

Bini habría enviado a Marco A., su socio y segundo procesado en este caso, una fotografía el 6 de octubre de 2015, en la que se muestra el presunto ingreso a las páginas de la Presidencia de la República, Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Petroecuador y la Secretaría de Inteligencia (Senain).

La defensa de Bini analiza acciones tras conocerse esta información, en el sentido de pedir que se excluya esta prueba del caso.