Romo pidió a Contraloría examinar su uso de bienes

Sigue en la mira el uso que le dieron a una aeronave policial la ministra del Interior, María Paula Romo; y el secretario Anticorrupción, Iván Granda, para su traslado durante el feriado de Carnaval. Dos asambleístas recogen firmas para solicitar el enjuiciamiento político de ambas autoridades por utilizar un bien del Estado para fines personales.

La ministra se refirió nuevamente al tema, este 30 de julio de 2019. Desde la Asamblea Nacional, aclaró que tras conocer la preocupación de los legisladores, ella misma solicitó al contralor general subrogante, Pablo Celi, que realice un examen especial sobre el uso que le da a los bienes públicos durante su gestión. "Ya tiene más de 15 días este pedido, para que no quede ninguna duda y para evitar malas interpretaciones".

Asimismo, señaló que remitirá la información solicitada por los parlamentarios. "Algunos asambleístas han solicitado información sobre esto, se les está enviando todos los reglamentos, análisis de riesgo, protocolos de seguridad". 

La Policía Nacional difundió un comunicado, mediante el cual reitera que garantizará la seguridad de la ministra Romo, con toda la "logística necesaria".

En un programa televisivo, el fin de semana, el secretario Iván Granda también justificó el uso del Aeropolicial al señalar que tanto él como Romo son las dos personas con mayor riesgo de seguridad en el país, luego de la fiscal Diana Salazar.

Los asambleístas Lourdes Cuesta y Roberto Gómez comenzaron a recoger firmas el 23 de julio del 2019, para solicitar un juicio político a Romo. Según la legisladora, la funcionaria del Ejecutivo "intenta confundir a la opinión pública con lso temas de seguridad que en ningún momento nadie ha cuestionado. Aquí de lo que estamos hablando es del mal uso de bienes públicos, como es utilizar aeronaves de la Policía Nacional para trasladarse por feriado de Carnaval a un balneatrio con niños menores de edad".

Cuesta solicitó a Pablo Celi, mediante oficio del 3 de julio de 2019, iniciar las acciones de control correspondientes. Hasta ahora, no se conoce un pronunciamiento de la Contraloría sobre estos pedidos.