29 jul 2019 , 02:27

Crean comisión mixta para luchar contra la violencia

314 casos de femicidio se registran en Ecuador desde 2014, reveló la titular de Judicatura

Autoridades del Ejecutivo y del sistema de Justicia trabajarán conjuntamente para luchar contra la violencia y mejorar la respuesta desde la función Judicial, en el marco del Acuerdo Nacional 2030.

 

Al evento, denominado “Acuerdo nacional por el acceso a justicia para una vida libre de violencias”, asistieron el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner; la fiscal general Diana Salazar; las presidentas de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre; y del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado; y el titular de la Asamblea, César Litardo. Allí, se creó la Comisión mixta nacional de acceso a justicia del Ecuador, instancia que busca garantizar el acceso a la justicia y el seguimiento a las víctimas.

 

“Seis de cada diez mujeres en el Ecuador han sufrido algún tipo de violencia y eso debe cambiar, 11 violaciones diarias, terrible... Hoy, creada la comisión interinstitucional, podemos actuar más ágilmente para garantizar el acceso a la justicia a quienes han sido víctimas de la violencia”, señaló el segundo mandatario.

 

Desde 2014 hasta la fecha, se han registrado en el país 314 casos de femicidio, señaló Maldonado. "Es decir, cada tres días hay una nueva víctima de femicidio, esto no podemos tolerar como sociedad, es nuestro deber cívico el haber conformado parte de este acuerdo".

 

La sociedad civil pidió a las autoridades que se tomen medidas, como capacitar en género a los funcionarios y que no se revictimice a quienes presentan denuncias. 

 

Mientras que la fiscal Salazar pidió que el acuerdo no quede en palabra y que las acciones emprendidas se hagan públicas.

 

Desde el Gobierno, se ofreció acompañar a la función judicial con una política pública integral para que la reducción de la violencia se refleje en las cifras.

 

Esta iniciativa contra la violencia movilizó 16 acuerdos zonales y provinciales, 3.100 líderes sociales y de organizaciones de mujeres y derechos humanos; 160 gobiernos autónomos descentralizados, 21 gobernadores y 8 asambleístas. Asimismo, se conformaron 16 grupos ciudadanos que velarán por el cumplimiento de los acuerdos.

 

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