Corte revisa constitucionalidad sobre venezolanos

"Los acuerdos ministeriales que se adoptaron son constitucionales, porque responden a una visión global y a una intención de la ley, al declarar una aplicación ordenada y segura". Así lo aseguró este 3 de junio de 2019, el canciller José Valencia en la audiencia pública, en la Corte Constitucional, sobre el pedido de inconstitucionalidad a los decretos y acuerdos ministeriales, y requisitos para el ingreso de ciudadanos venezolanos a Ecuador.

Durante su intervención, el funcionario negó que exista desigualdad y discriminación en las resoluciones del Gobierno respecto de los migrantes de ese país.

Para Mario Melo, representante del Centro de Derechos Humanos, "el Gobierno ha respondido de una manera censurable, desde el punto de vista constitucional (al problema), poniendo en aparante vigencia un conjunto de acuerdos que restringue el ejercicio de derechos constitucionales, estableciendo requisitos que no están previstos en la Constitución".

Mario Melo, en representación del Centro de Derechos Humanos, señala que "el Gobierno ha respondido de una manera censurable, desde el punto de vista constitucional... estableciendo requisitos que no están previstos en la Constitución". Vía @apifoto pic.twitter.com/1rfaUhe0nG

— Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) 3 de junio de 2019

Melo, junto con otros accionantes, presentó una demanda de inconstitucionalidad sobre los requisitos de entrada al país para los ciudadanos venezolanos, como el pasaporte y el pasado judicial.

En la diligencia, los demandantes presentaron dos videos testimoniales de venezolanos que aseguraron que apostillar el documento cuesta entre 100 y 200 dólares.

Tras escuchar las intervenciones de ambas partes, la jueza constitucional Daniel Salazar cerró la audiencia y dispuso cinco días para que las partes ingresen la respectiva documentación.

En Ecuador, residen actualmente 310.000 personas de nacionalidad venezolana, número que podría incrementarse a medio millón para finales de año, de acuerdo con la ONG Inredh, que intervino en la audiencia. De allí, que el Ejecutivo analiza emitir una visa humanitaria.