Celi: “Jamás he tenido presión alguna del Ejecutivo”

Ratificado como contralor general del Estado subrogante hasta 2022, Pablo Celi hace importantes precisiones para lo que será el resto de su gestión.

En entrevista con Ecuavisa, la autoridad se refiere a sus funciones, la institucionalidad del país y la lucha contra la corrupción.

Celi además respalda la resolución de la Corte Constitucional, que blinda lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio. “Para que no quepan, desde ningún punto de vista, interpretaciones arbitrarias que en algún momento pudieron preverse o asumirse, que podrían darse o que pongan en cuestión un ordenamiento legal que está absolutamente claro”. 

Afirma que no es un contralor gobiernista ni afín al Consejo transitorio que lo ratificó en el cargo. “Jamás he tenido presión alguna del Ejecutivo para ningún tipo de decisión, ni he tenido tampoco resistencia frente a una decisión del contralor, ni siquiera frente aquellas que han afectado a funcionarios activos, como las destituciones”.

El funcionario continuará trabajando en transformar a la Contraloría General del Estado en un Tribunal de Cuentas, propuesta que será discutida en el diálogo nacional, convocado por el Gobierno y contempla recuperar atribuciones que el organismo tenía. 

Tendría dos salas: una para encargarse de las auditorías y otra para emitir las responsabilidades. 

¿Cómo se puso al frente de la Contraloría?

Carlos Pólit ganó y fue posesionado por la Asamblea Nacional, en su tercer periodo como máxima autoridad de la Contraloría, en marzo de 2017. Tres meses después, renunció de forma irrevocable al cargo, lo hizo desde Estados Unidos, donde se encuentra desde mayo de 2017, según argumentó inicialmente por un problema de salud.

Antes de viajar, designó como su subrogante a Sabett Chamoun, pero ese nombramiento fue desconocido y Celi asumió el mando en ese mismo mes de mayo de 2017.

Desde ese entonces, ha venido desempeñando las funciones de subrogante y ha realizado varios exámenes especiales a instituciones con polémicas contrataciones, como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), uso de aviones presidenciales y obras emblemáticas del gobierno de Rafael Correa.