Cpccs aprueba informes de investigación de 4 obras

En sesión del jueves 4 de abril de 2019 el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio aprobó los informes de investigación de 4 obras del Gobierno anterior.

 

Así, por ejemplo, el Consejo aprobó el informe de investigación del poliducto Pascuales-Cuenca, donde la Contraloría halló indicios de responsabilidad penal y menciona a la estatal Petroecuador por mala ejecución de procesos contables.

 

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En este caso, la Fiscalía investiga peculado, cohecho y lavado de activos. 

 

El Cpccs transitorio también aprobó el informe de investigación del proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón, que presenta irregularidades en las etapas de planificación, precontractual, selección, contractual y ejecución, además de la contratación con empresas internacionales bajo la modalidad de contratación directa.

 

En el informe se presume que Rafael Correa, como Ministro de Economía, cometió el delito de tráfico de influencias; y como Presidente de la República, permitió la terminación irregular de contratos. 

 

El Cpccs presentará ante la Fiscalía la denuncia para que inicie la indagación previa por peculado y enriquecimiento ilícito contra de las personas mencionadas en el informe.

 

 

 

 

 

 

 

Según el organismo, Ecuador pierde unos 3.6 millones de dólares por no tener funcionando este mencionado proyecto. 

 

 

El informe de investigación sobre las escuelas del milenio también fue aprobado por el Pleno del Cpccs y pedirá a la Fiscalía investigue a Correa por “la emisión declaratorias de emergencia que causaron una presunta desviación de fondos en la construcción de las Unidades Educativas del Milenio”. 

 

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Según el informe de investigación “Construcción de Hospitales Públicos”, aprobado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), el expresidente Rafael Correa “estaría presuntamente incurso en el delito de delincuencia organizada por la emisión del Decreto Ejecutivo No. 838, mediante el cual permitió contrataciones directas irregulares y contratos complementarios de hasta el 30% de su valor con la misma empresa, ocasionando enormes perjuicios al Estado”. 

 

Adicionalmente, en este caso, estarían implicadas por el presunto delito de peculado, la exministras Carolina Chang Campos y Carolina Vance Mafla (Salud); Doris Solís Carrión (Política); el exsecretario Nacional de Planificación y Desarrollo Fander Falconí Benítez; los exdirectores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) Richard Espinosa Guzmán (en su calidad de Presidente del Consejo Directivo); Geovanna León Hinojosa, y Camilo Torres Rites.