07 feb 2019 , 09:11

Legalidad en destitución de Galarza genera reacciones

Unos critican base jurídica de decisión; otros la justifican por las faltas incurridas.

Luego de que el Pleno de la Asamblea Nacional destituyera la tarde de este jueves 7 de febrero de 2019 a Ana Galarza de su cargo de legisladora por gestión de cargos públicos, varios parlamentarios reaccionaron al hecho.

En la bancada de CREO hubo preocupación y la mayoría de sus asambleístas salieron del Pleno evadiendo a la prensa. A criterio de Fabricio Villamar, la salida de su coidearia no fue un acto legal y cree que ella debió ser sancionada solo con una suspensión de 30 días.

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“El día de hoy se cometió una injusticia; sin embargo, fue una injusticia apadrinada con votos de la gente con la que suele votar el Gobierno”, manifestó.

Por su parte, René Yandún, del bloque del BIN, aseguró que en el Pleno primó una razón política y no una legal. “No existía el delito, no existía por tanto la pena, no tenía el justificativo necesario. Desde mi punto de vista, es una destitución ilegal”, comentó.

Entre quienes apoyaron la destitución están los asambleístas de Alianza PAIS. Uno de sus coordinadores, Lenin Plaza, dijo que la sanción respondió a una visión ética.

“Se prestaba una tarjeta, quien cumplía realmente las funciones se comprobó que era el esposo y no quien estaba presuntamente en territorio y eso realmente está prohibido para los legisladores”, expresó.

 

 

El lunes 11 de febrero de 2019, la exasambleísta y su denunciante Lenín Rodríguez tendrán que acudir a la Fiscalía para rendir su versión en el caso que se investiga. Galarza fue denunciada por su exasesor en la Fiscalía por varias anomalías que, a su criterio, configurarían en al menos tres delitos: uso doloso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y concusión.

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El Pleno de la Asamblea destituyó este jueves a Ana Galarza por supuesta gestión de cargos públicos. Hubo 91 votos a favor de la destitución, de 126 legisladores presentes.

Antes, el Pleno rechazó la moción presentada por el asambleísta Raúl Tello para que sea sancionada por una falta administrativa dentro de un presunto mal uso de una tarjeta electrónica de identificación en el Legislativo.

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