Consejo de Judicatura suspende a 4 fiscales en Quito

4 agentes fiscales fueron suspendidos por el Consejo de la Judicatura (CJ), según informó este viernes 25 de enero de 2019. Uno de ellos es la fiscal Mayra Soria, del caso de la joven Juliana Campoverde, quien desapareció el 7 de julio de 2012. Soria fue suspendida 30 días sin remuneración.

“Un informe técnico que determinó que la indicada funcionaria excedió los términos previstos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para el impulso de la investigación previa de un caso relacionado con abuso sexual en el sistema educativo”, señaló el CJ en un comunicado del 24 de enero de 2019.

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La denuncia fue presentada en 2013 y en diciembre de 2017, tres años cinco meses después, se ordenaron las primeras diligencias y pericias del caso, lo que, según el CJ, se configura como una “vulneración al derecho a la tutela efectiva y al principio de celeridad”.

El 21 de noviembre de 2017, el Ministerio de Educación presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura y pidió sanciones por la demora en el trámite del caso. Posteriormente, en noviembre de 2018, la Dirección General del CJ acogió el informe emitido, en mayo del mismo año, por el abogado Pablo Martínez, exdirector provincial de Pichincha en el ámbito disciplinario, y recomendó la suspensión por 30 días.

El boletín de la Judicatura informa que el 23 de enero de 2019, el Pleno del CJ conoció el informe técnico de la Dirección General y lo ratificó con dos votos afirmativos de los vocales Aquiles Rigail y Zobeida Aragundi, quienes se pronunciaron por una suspensión de 30 días; y, un voto razonado de la vocal Angélica Porras, quien propuso una suspensión por el plazo de 15 días.

Soria es la fiscal número 12 en el caso de Campoverde. Con la suspensión por 30 días, ella no podrá participar en la audiencia preparatoria de juicio; la diligencia está prevista para el 5 de febrero.

Los otros agentes sancionados son Thalía Coronel, Rolando Gualoto y Jorge Arévalo, de la Fiscalía provincial de Pichincha. Frente a esto, el Ministerio Público expresó su malestar y rechazó la sanción notificada.

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“La FGE considera que la sanción administrativa carece de una debida motivación por ende no justifica la suspensión de 30 días, de la que han sido objeto”, señala un comunicado de la Fiscalía. Según argumenta, los casos que investigan los agentes fiscales mencionados han sido debidamente fundamentados.

“La sanción no considera la carga laboral heredada de años y falta de recursos con que cuenta la institución, como el déficit de personal”. A criterio de la Fiscalía, la resolución del Consejo de la Judicatura “atenta contra la autonomía del sistema judicial”. 

Según el presidente del Consejo de la Judicatura, Marcelo Merlo, todas las acciones del CJ “se enmarcan en la Constitución y en el Código Orgánico de la Función Judicial que establecen que el Pleno de la institución tiene competencias para investigar y de ser el caso, sancionar las inconductas de todos los servidores judiciales ejerciendo sus facultades de control, vigilancia, administración y gobierno del sistema judicial”.