Recuento de sentencias dictadas por revuelta policial del 30-S

El uno de octubre de 2010, un día después de la sublevación policial inició la indagación previa por intento de magnicidio en contra del coronel César Carrión, exdirector del Hospital de la Policía donde estuvo el presidente Rafael Correa.

Un año después, la primera sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia emitió su veredicto. César Carrión fue declarado inocente luego de estar recluido cerca de ocho meses.

Fue reincorporado a un cargo administrativo en el departamento de Bienestar Social de la Policía Nacional pero luego pidió la baja al Ministerio del Interior, solicitud que le fue concedida.

Por el intento de magnicidio también fueron acusados los policías Luis Martínez, Jaime Paucar y Luis Bahamonde, estos dos últimos fueron sentenciados a dos años de prisión.

Ambos ofrecieron disculpas al presidente Rafael Correa por quitarle la máscara y rociarle gas pimienta en el rostro. Luego de ello el mandatario firmó el decreto ejecutivo para concederles el indulto.

Nueve meses después del 30 de septiembre, el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Pichincha declaró culpables al exjefe de la escolta legislativa, Rolando Tapia, y cinco policías más acusados por el delito de atentado contra la seguridad del Estado por los disturbios dentro de la Asamblea Nacional.

Tapia fue sentenciado a tres años de prisión, pero solo estuvo dos. Tras un pedido de su abogado el fiscal distrital de Pichincha recomendó que se le otorgue la libertad controlada por cumplir las tres quintas partes de la pena impuesta. Además, se basaron en un informe que señala que el oficial demostró buena conducta durante el tiempo que estuvo recluido.

Entre los demás policías estaba Marco Tibán, hermano de la asambleísta Lourdes Tibán, quien fue sentenciado a un año de prisión  pero le rebajaron la pena y quedó en libertad luego de nueve meses de permanecer recluido.

La lista continúa. Durante 95 días estuvo detenido el policía Johnny Casalombo, a quien también se le atribuyó el delito de magnicidio, fue el Ministro del Interior, José Serrano, quien presentó la denuncia en base a un video.

La defensa de Casalombo demostró que se encontraba fuera de la ciudad el 30 de septiembre. A finales de agosto fue liberado.

Las sentencias por la revuelta policial no solo se dictaron en Pichincha, en Cotopaxi siete personas fueron sentenciadas a un año de cárcel por invasión de bienes públicos con actos delincuenciales.

Cuatro de ellos, funcionarios de la Universidad Técnica de Cotopaxi fueron declarados inocentes luego de presentar un recurso de casación aceptado por la sala penal de la corte Nacional de justicia.

Según la Fiscalía General del Estado, hasta el momento de 214 procesados, solo 39 han recibido sentencia, es decir el 18%.