Judicatura acogerá pedido sobre grilletes electrónicos

El Consejo de la Judicatura (CJ) cumplirá con el pedido del Ministerio de Justicia de que solicite a los jueces del Ecuador evitar disponer la colocación de grilletes electrónicos debido “a la necesidad de migrar de proveedor de servicios de comunicación”.

 

El oficio enviado por el Ministerio pide que “en el marco de las competencias de la Judicatura, se comunique a los administradores de justicia sobre el pedido de abstenerse de ordenar la colocación de los dispositivos”, según un comunicado del CJ.

 

El contrato de los grilletes electrónicos está bajo un proceso de examen especial por parte de la Contraloría desde mayo de 2018. 

 

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El oficio fue elaborado por el Ministerio el 8 de agosto; sin embargo, según la Judicatura, fue recibido en el Consejo este miércoles 29 de agosto de 2018. 

 

 

“Tras la recepción del mencionado documento, el CJ ha iniciado el proceso administrativo correspondiente para dar paso a la solicitud”, señala. 

 

 

 

 

La medida es indefinida, según la coordinadora encargada zonal del Ministerio de Justicia, Gina Goody, quien explicó que finalizó el contrato que tenían con la empresa proveedora de los servicios de comunicación de estos aparatos.

 

 

Desde ahora ningún juez podrá ordenar la colocación de esas tobilleras. Uno de los primeros casos se dio este 28 de agosto, cuando a un hombre acusado de aborto con muerte le dictaron arresto domiciliario, pero como ya no se pueden instalar nuevos grilletes electrónicos deberá ser vigilado por policías en su vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuándo se volverán a usar?

 

 

 

 

La entrega de estos aparatos de control y rastreo  satelital seguirá suspendida hasta que se elija a un nuevo proveedor a través del sistema de contratación pública y, según Godoy, eso podría tardar varios meses, más aun con la fusión de este Ministerio con otra cartera de Estado.

 

 

 

Mientras tanto, será la Policía la que deberá asignar personal para vigilar a quienes les dicten arresto domiciliario sin grilletes.

 

 

 

En 2017, el Gobierno adquirió 4 mil de estos dispositivos a un costo de 10 millones de dólares. Gran parte fueron colocados en personas con arresto domiciliario o a quienes les daban libertad condicional para terminar de cumplir sus penas en la casa.

 

 

 

 

 

En repetidas ocasiones sus portadores violaron las seguridades del grillete y volvieron a delinquir.

 

 

 

Y eso ha sido un grave problema en la inseguridad de Guayaquil, según el alcalde Jaime Nebot.