10 sep 2013 , 05:46

Autoridades advierten consecuencias para quienes reportan falsas alarmas

Los asambleístas analizan establecer sanciones más duras, cuya pena máxima sería 30 días en prisión.

Una nueva falsa alarma de bomba se registró anoche en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, lo cual generó la movilización de varios elementos y equipos de socorro que, después de inspeccionar el interior de la terminal aérea, no encontraron ningún artefacto explosivo.

 

Nicolás Romero, gerente de Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, indicó que  “el daño que se le hace a la compañía de aviación, que retrasa todos sus vuelos, a los pasajeros y al aeropuerto es tremendo”. Esto, a raíz de una llamada de alerta, en el mismo aeropuerto, el domingo anterior; ambas fueron receptadas por el Sistema Integrado de Seguridad, ECU-911.

 

El vicealmirante Jorge De La Torre, gerente nacional de Seguridad del ECU-911, explicó que este tipo de avisos puede ser rastreado, lo cual ha permitido no solo localizar a la persona que hizo la llamada, sino que se capturó a dos responsables. “Una llamada falsa impide que atendamos una verdadera emergencia”.

 

De enero a agosto de 2013, el ECU-911 de Samborondón recibió 23 llamadas falsas. En la Asamblea Nacional se debate establecer sanciones más drásticas para quienes realicen este tipo de llamadas, para considerarlas como una contravención de cuarta clase, que contempla multas desde 1.200 a 3.200 dólares, además una pena de 15 a 30 días en prisión.

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