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Cpccs conocerá el informe evaluatorio realizado a CC

Redacción

jvite

|

Lunes 06 de Agosto de 2018 - 7:00
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  • Varios jueces de la Corte tienen abiertas en Fiscalía algunas indagaciones penales. Foto: Archivo Flickr CC
Video: Varios jueces de la Corte tienen abiertas en Fiscalía algunas indagaciones penales. Foto: Archivo Flickr CC Varios jueces de la Corte tienen abiertas en Fiscalía algunas indagaciones penales. Foto: Archivo Flickr CC



El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio conocerá el lunes 6 de agosto de 2018 el informe técnico de investigación y evaluación a la Corte Constitucional (CC) y el proyecto de resolución.
 
 
Así lo dio a conocer el organismo transitorio a través de la convocatoria a una sesión extraordinaria para las 10H00 del lunes.
 
 
 



 
 
 
 
 
El miércoles 9 de mayo de 2018, el Consejo de Participación Ciudadana no alcanzó unanimidad para evaluar la actuación de los miembros de la Corte Constitucional.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El consejero Xavier Zavala votó en contra argumentando que no se puede evaluar a los jueces que no fueron nombrados por el Consejo de Participación. Sin embargo, los otros seis vocales del transitorio apoyaron la propuesta.
 
 
 
El 1 de agosto de 2018, con la votación de cinco de sus nueve jueces, la Corte Constitucional derogó 12 enmiendas a la Constitución, impulsadas por el expresidente de la República, Rafael Correa, y aprobadas por la Asamblea Nacional en diciembre de 2015.
 
 
El organismo acogió así al menos 10 demandas presentadas en contra de la legalidad de las reformas a la Carta Magna. Esto, en medio de la evaluación que realiza el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio a las autoridades de la entidad constitucional.
 
 
 
 
 
 
Para la sesión del lunes 6 de agosto de 2018, también está prevista la conformación de la comisión que llevará a cabo el concurso público de selección de los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE). 
 
 
 
 
 
 
Entre tanto, la Fiscalía General del Estado tiene abiertas al menos 7 indagaciones penales en contra de varios jueces de la Corte Constitucional.
 
 
 
 
 
 
 
 
El magistrado Manuel Viteri Olvera enfrenta dos: se lo investiga por el presunto cometimiento de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
 
 
 
El primer caso data de 2011 y se deriva de un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal.
 
 
La segunda investigación nace de un reporte de operaciones inusuales enviado recientemente a la Fiscalía por la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), liderada por Diana Salazar. 
 
 
 
Pero Viteri dice que esto se debe a que, por una transacción fallida, aparece duplicado un cheque por 300 mil dólares de fondos provenientes de sus ahorros de 8 años.
 
 
 
 
La Fiscalía también abrió otros dos expedientes para investigar un presunto lavado de activos en contra de las juezas constitucionales Roxana Silva y Tatiana Ordeñada. Estas indagaciones previas se derivan de dos reportes de operaciones inusuales emitidos por la UAFE.
 
 
 
Además, otros magistrados son investigados en la Fiscalía por prevaricato, delito que tiene que ver con supuestas actuaciones en contra de la ley.
 
 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio conocerá el lunes 6 de agosto de 2018 el informe técnico de investigación y evaluación a la Corte Constitucional (CC) y el proyecto de resolución. 

 

Así lo dio a conocer el organismo transitorio a través de la convocatoria a una sesión extraordinaria para las 10H00 del lunes. 

 

 

 

 

 

 

 

El miércoles 9 de mayo de 2018, el Consejo de Participación Ciudadana no alcanzó unanimidad para evaluar la actuación de los miembros de la Corte Constitucional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEA: Corte deroga enmiedas constitucionales de 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El consejero Xavier Zavala votó en contra argumentando que no se puede evaluar a los jueces que no fueron nombrados por el Consejo de Participación. Sin embargo, los otros seis vocales del transitorio apoyaron la propuesta.

 

 

 

El 1 de agosto de 2018, con la votación de cinco de sus nueve jueces, la Corte Constitucional derogó 12 enmiendas a la Constitución, impulsadas por el expresidente de la República, Rafael Correa, y aprobadas por la Asamblea Nacional en diciembre de 2015.

 

 

El organismo acogió así al menos 10 demandas presentadas en contra de la legalidad de las reformas a la Carta Magna. Esto, en medio de la evaluación que realiza el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio a las autoridades de la entidad constitucional.

 

 

 

 

 

 

Para la sesión del lunes 6 de agosto de 2018, también está prevista la conformación de la comisión que llevará a cabo el concurso público de selección de los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE). 

 

 

 

 

 

 

Entre tanto, la Fiscalía General del Estado tiene abiertas al menos 7 indagaciones penales en contra de varios jueces de la Corte Constitucional.

 

 

 

 

 

 

 

 

El magistrado Manuel Viteri Olvera enfrenta dos: se lo investiga por el presunto cometimiento de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

 

 

 

El primer caso data de 2011 y se deriva de un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal.

 

 

La segunda investigación nace de un reporte de operaciones inusuales enviado recientemente a la Fiscalía por la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), liderada por Diana Salazar. 

 

 

 

Pero Viteri dice que esto se debe a que, por una transacción fallida, aparece duplicado un cheque por 300 mil dólares de fondos provenientes de sus ahorros de 8 años.

 

 

 

 

La Fiscalía también abrió otros dos expedientes para investigar un presunto lavado de activos en contra de las juezas constitucionales Roxana Silva y Tatiana Ordeñada. Estas indagaciones previas se derivan de dos reportes de operaciones inusuales emitidos por la UAFE.

 

 

 

Además, otros magistrados son investigados en la Fiscalía por prevaricato, delito que tiene que ver con supuestas actuaciones en contra de la ley.

 

 

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