03 jul 2018 , 10:52

Correísmo rechaza prisión preventiva contra expresidente

Otros partidos creen que Correa no puede justificar asilo como persecución.


En la Asamblea las reacciones fueron casi inmediatas en el bloque correísta. Insisten en que se trata de una persecución política y que el dictarse prisión preventiva y difusión roja contra el expresidente Rafael Correa aseguran que lo confirma.

 

 

 

 

“Al haberse evidenciado que todas las acciones que él se le ha planteado, todas las diligencias las ha cumplido, pues creemos que la judicialización de la política es un elemento que no solo está presente en el país, sino a nivel de la región”, comentó Franklin Samaniego, asambleísta de la bancada correísta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el oficialismo lo niegan y aseguran que bajo la independencia de la justicia deben dársele todas las garantías al expresidente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEA: Jueza dicta prisión preventiva contra Rafael Correa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Siempre debe haber la posibilidad de que las partes involucradas puedan rendir cuentas, puedan informar al Ecuador sobre las acusaciones que están en proceso”, señaló Ricardo Zambrano, asambleísta de Alianza PAIS. 

 

 

 

 

En CREO defienden la decisión de la jueza Camacho. Para Fabricio Villamar, el hecho de que el expresidente no se presente ante la Corte Nacional de Justicia como estaba dispuesto obligaba a la determinación de la magistrada.

 

 

 

 

 

 

“Nadie tiene corona, todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Y si es que existía una disposición judicial para que el ciudadano se presente y no lo cumplió, el siguiente paso es la aplicación de la ley”, expresó.

 

 

 

 

 

 

En el correísmo piensan ahora en las salidas para el exjefe de Estado y ven al asilo político como la opción.

 

 

 

 

“Él tiene la posibilidad de pedir el auxilio a otro país que así lo determine a fin de que se garanticen su derecho a la integridad física, a no ser un perseguido político y a que esta situación de la judicialización de la política no afecte sus derechos personales”, dijo Franklin Samaniego.

 

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