Polémico ciclo de Gustavo Jalkh llega a su fin

Su cercanía con el expresidente Correa fue uno de los puntos más criticados de su gestión.

Su cercanía con el expresidente Correa fue uno de los puntos más criticados de su gestión. Foto: API
14 Junio, 2018, 7:19 pm
Por: Redacción 



Falta de independencia de funciones y la cercanía de los integrantes del Consejo de la Judicatura (CJ) con el expresidente de la República Rafael Correa son algunos de los cuestionamientos que se hicieron durante su desempeño.
 
 
 
Este jueves 14 de junio de 2018, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio ratificó la cesación de funciones, resuelta el 4 de junio de 2018, de los vocales principales del CJ luego de analizar la impugnación presentada por los funcionarios cesados.
 
 
 
El ahora expresidente del CJ, Gustavo Jalkh, fue secretario particular del expresidente, su ministro de Gobierno y luego de Justicia, entre los años 2007 y 2010.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En su informe de evaluación al ahora expresidente del CJ, Gustavo Jalkh, y los vocales del organismo, el Cpccs transitorio detectó conflicto de intereses de los consejeros nombrados en 2013 en decisiones judiciales durante la administración del Gobierno de Correa. 
 
 
 
Cuatro consejeros habían desempeñado cargos en algunas entidades del Gobierno, según el documento. El informe indica que Marcela Miranda fue asesora de la ministra del Litoral, Carolina Portaluppi; Fernando Cedeño Rivadeneira fue subdirector del Registro Civil; Tatiana Ordeñana, directora provincial del Innfa; y Mónica Banegas, consejera del Cpccs. 
 
 
 
Ese Consejo designó el 9 de enero de 2013 a Gustavo Jalkh, Néstor Arbito, Ana Karina Peralta, Paulo Rodríguez y Tania Arias como vocales principales de la Judicatura para los próximos seis años, hasta 2019. Rodríguez y Arias renunciaron a sus cargos en agosto de 2013 y febrero de 2015, respectivamente, y luego fueron reemplazados por Alejandro Subía y Rosa Elena Jiménez.
 
 
 
“Los cargos de control de la Judicatura estuvieron ejecutados por funcionarios con una estrecha vinculación con el Ejecutivo”, señaló el informe de evaluación.
 
 
 
El informe también determinó que hubo irregularidades en los concursos de selección de jueces y fiscales provinciales, fiscal subrogante y de notarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según el documento del Cpccs, existió manipulación de la facultad sancionadora de la Judicatura y que el organismo no tiene competencias para determinar el error inexcusable, facultad sancionadora. 
 
 
 
Tomando en cuenta los artículos 181 y 126 de la Constitución, el CJ incumplió sus funciones al no supervisar los procesos de selección de los servidores judiciales. En el informe de evaluación del Consejo transitorio se señala que de acuerdo al puntaje sacado es Paúl Pérez Reina quien debía ser designado como fiscal subrogante en lugar de Tania Moreno, pero, precisa el documento, se cambiaron resoluciones para designar a la funcionaria en el cargo y no se respetó el orden de puntaje.
 
 
 
 
 
 
En 2014, Human Rights Watc (HRW) remitió una carta con su “preocupación con respecto al proceso de reforma judicial que se desarrolla actualmente en Ecuador y que ha puesto en entredicho la independencia judicial en el país”.
 
 
 
 
Falta de independencia de funciones y la cercanía de los integrantes del Consejo de la Judicatura (CJ) con el expresidente de la República Rafael Correa son algunos de los cuestionamientos que se hicieron durante su desempeño.
 
 
 
Este jueves 14 de junio de 2018, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio ratificó la cesación de funciones, resuelta el 4 de junio de 2018, de los vocales principales del CJ luego de analizar la impugnación presentada por los funcionarios cesados.
 
 
 
El ahora expresidente del CJ, Gustavo Jalkh, fue secretario particular del expresidente, su ministro de Gobierno y luego de Justicia, entre los años 2007 y 2010.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En su informe de evaluación al ahora expresidente del CJ, Gustavo Jalkh, y los vocales del organismo, el Cpccs transitorio detectó conflicto de intereses de los consejeros nombrados en 2013 en decisiones judiciales durante la administración del Gobierno de Correa. 
 
 
 
Cuatro consejeros habían desempeñado cargos en algunas entidades del Gobierno, según el documento. El informe indica que Marcela Miranda fue asesora de la ministra del Litoral, Carolina Portaluppi; Fernando Cedeño Rivadeneira fue subdirector del Registro Civil; Tatiana Ordeñana, directora provincial del Innfa; y Mónica Banegas, consejera del Cpccs. 
 
 
 
Ese Consejo designó el 9 de enero de 2013 a Gustavo Jalkh, Néstor Arbito, Ana Karina Peralta, Paulo Rodríguez y Tania Arias como vocales principales de la Judicatura para los próximos seis años, hasta 2019. Rodríguez y Arias renunciaron a sus cargos en agosto de 2013 y febrero de 2015, respectivamente, y luego fueron reemplazados por Alejandro Subía y Rosa Elena Jiménez. 
 
 
“Los cargos de control de la Judicatura estuvieron ejecutados por funcionarios con una estrecha vinculación con el Ejecutivo”, señaló el informe de evaluación. 
 
 
El informe también determinó que hubo irregularidades en los concursos de selección de jueces y fiscales provinciales, fiscal subrogante y de notarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según el documento del Cpccs, existió manipulación de la facultad sancionadora de la Judicatura y que el organismo no tiene competencias para determinar el error inexcusable, facultad sancionadora.  
 
 
Tomando en cuenta los artículos 181 y 126 de la Constitución, el CJ incumplió sus funciones al no supervisar los procesos de selección de los servidores judiciales. En el informe de evaluación del Consejo transitorio se señala que de acuerdo al puntaje sacado es Paúl Pérez Reina quien debía ser designado como fiscal subrogante en lugar de Tania Moreno, pero, precisa el documento, se cambiaron resoluciones para designar a la funcionaria en el cargo y no se respetó el orden de puntaje.
 
 
 
 
 
 
En 2014, Human Rights Watc (HRW) remitió una carta con su “preocupación con respecto al proceso de reforma judicial que se desarrolla actualmente en Ecuador y que ha puesto en entredicho la independencia judicial en el país”.