04 may 2018 , 04:17

Familiares de periodistas asesinados exigen respuestas

Acudieron a Asamblea y pidieron convocar a exministros de Defensa y de Interior.



Familiares de Javier, Paúl y Efraín, asesinados por el grupo narcodelictivo liderado por alias ‘Guacho’, fueron recibidos por la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional.

 

 

 

Ricardo Rivas, hermano del fotoperiodista asesinado, denunció que luego de que se conocieran las muertes, las autoridades de Gobierno no se volvieron a contactar con ellos. Y pide que se releve la verdad de lo ocurrido, pues existen contradicciones en la información. 

 

 

“Porque lo que hemos dicho aquí, muchas de las cosas no lo hemos transparentado en los medios por precaución; sin embargo, creo que es hora de decir la verdad tal y como sucedieron los hechos. Y que el Gobierno me venga a decir a mí que eso es mentira para ver si de frente podemos hablar claramente las cosas. Yo ya estoy harto de que se sigan tapando muchas cosas”, manifestó Rivas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEA: Colombia: Días para capturar a ‘Guacho’ están contados

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yadira Aguagallo, pareja de Paúl, solicito a la Comisión la comparecencia de los exministros de Defensa Patricio Zambrano y del Interior César Navas y de la canciller María Fernanda Espinosa para que respondan preguntas no aclaradas a la familia.

 

 

“El deseo de las tres familias es que ninguna otra familia más tenga que atravesar 40 días de dolor, indignación y falta de atención del estado que nosotros hemos vivido”, expresó.

 

 

Y que expliquen qué hicieron por recuperar con vida a miembros del equipo periodístico y qué gestiones se hacen para la entrega y repatriación de los cuerpos. “A las familias no nos lo han explicado, tal vez a ustedes sí”, agregó.

 

 

Además, exhortaron al Ejecutivo para que facilite la creación del grupo de expertos independientes propuesto por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) para que se investigue todo lo actuado por los gobiernos de Ecuador y Colombia.

 

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