Así es buscar justicia para las madres de las víctimas de violencia de género

Han organizado plantones y marchas. Han aprendido a manejar lenguaje legal, leer expedientes, lidiar con abogados y fiscales.  Han creado cuentas en todas las redes sociales con el nombre de sus hijas, para que junto a la sociedad no queden en el olvido. Pero sobre todo han conocido de cerca los nudos de la justicia en el país, una "justicia" que de alguna forma buscan para alivianar su pérdida.

Petita Albarracín luchó durante 18 años para "limpiar el nombre de su hija", Paola Guzmán, quien se suicidó en 2002 tras sufrir abusos y violencia sexual por el vicerrector de su colegio. Patricia Bermúdez, luego de atravesar un proceso judicial largo y al que ella describe como "revictimizante", logró que el asesino de su hija Adriana Camacho y su nieto Santiago, esté en prisión. Mientras que, Kathy Muñoz, no ha descansado ni un minuto para que la muerte de su hija Lisbeth Baquerizo no quede en la impunidad.   

Ellas son las madres que retratan un fallido sistema de justicia para las víctimas de la mayor expresión de violencia de género. Las víctimas de femicidio. Aquí sus historias. 

Un proceso revictimizante 

Hace un año atrás en la marcha del 8 de Marzo, Patricia Bermúdez, se aferraba al cartel con la foto de su hija Adriana Camacho, quien fue asesinada junto a su hijo de cinco años el pasado 24 de febrero de 2020,  allí su lucha por obtener justicia recién comenzaba. 

Bermúdez pasó más de 334 días sumida en un proceso judicial que la obligaba a recordar continuamente, "cada vez que hay una audiencia, yo tengo que volver a vivir los momentos horrorosos que pasamos en esos días", manifestó en un video publicado en Twitter, el pasado 21 de enero de 2021, luego de que se cancelara por tercera vez la audiencia de juzgamiento.

Para Consuelo Bowen, abogada del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), “la pandemia exacerbó aquello que ya existía, siempre ha sido limitado para las mujeres el acceso a la justicia”, destacó en una entrevista con Ecuavisa.com el pasado 21 de enero. Los tiempos de litigio se dilatan, “un juicio penal en flagrancia dura un año en el mejor de los casos”, y cuando no son flagrantes, es decir, cuando el hecho no es evidente, “el proceso es aún más demorado, solo la fase de investigación previa puede durar hasta dos años”. Entonces, en total un caso puede extenderse a tres años, “hay que preparar psicológicamente a las familias para que puedan llegar a una sentencia”.

Así la madre de Adriana, describe, además, el proceso detrás de cada audiencia, “leo otra vez el expediente a ver si se me escapa algo, a mi me gusta estar atrás de las cosas porque las personas pueden ser que se olviden, estoy atrás de las abogadas, de la fiscal”, detalla.   En busca de agotar todos los medios para visibilizar el caso, junto a sus familiares, crearon cuentas en redes sociales, “hemos hecho algunos 'tuitazos' que han sido tendencia”, dice con orgullo Patricia. Ante ello, Nadia Donoso, vocera de Cepam Guayaquil, agrega que “ahora se busca la participación activa de la ciudadanía, pues cuando no hay esta presión, se ha demostrado que los procesos pueden tomar muchísimo más tiempo en el acceso a la justicia y reparación”.   

Por el doble crimen, el conviviente y asesino de su hija, fue sentenciado el pasado 18 de febrero y cumplirá 34 años de prisión. Patricia dice que ahora puede sanar, y dar vida al programa de prevención a la violencia: “Adriana Camacho Bermúdez”. 

"Una madre nunca se cansa"

Desde el 21 de diciembre, Kathy Muñoz, madre de Lisbeth Baquerizo, no ha parado de buscar y pedir respuestas al sistema judicial ecuatoriano. Ella ha vivido en primera línea lo que describe como "una película de terror".

En un inicio la causa del fallecimiento de su hija Lisbeth había sido reportada como un accidente por caerse de las escaleras, pero el resultado de la autopsia contó la verdadera historia: heridas contuso cortantes habían provocado su muerte, heridas que incluso fueron pegadas con pegamento 'brujita'.  

El esposo y principal sospechoso de la muerte de su hija está prófugo, mientras tanto, la justicia camina a paso lento. Ante ello, los familiares y amigos de Lisbeth han tenido incluso que emprender una campaña en redes sociales para recaudar fondos y poder ofrecer recompensa a quien entregue información sobre el paradero del sospechoso.

"No me voy a cansar de gritar ahí (Fiscalía), la única respuesta que quiero es que me digan: hoy se va a hacer justicia señora", dijo Muñoz a todo pulmón a fuera de la institución que le debe justicia por la muerte de Lisbeth.

Retrato de una lucha

La foto que sostiene en sus manos es de Paola Guzmán (14 años), su hija, quien se suicidó en 2002 tras sufrir abusos y violencia sexual sistemática por el vicerrector de su colegio quien tenía 64 años. “Aquí la justicia no sirve para nada”, dice Petita Albarracín, y no duda en asegurarlo, pues a pesar de que presentó denuncias ante la escuela y la Fiscalía, y de contratar abogados con recursos limitados, la respuesta por parte del Estado nunca llegó, y tuvo que buscarla lejos del país.

“Era cansado, a veces me daba ganas de dejar todo botado”, reconoce Petita en una entrevista, pero no lo hizo, siguió hasta lograrlo. Así en 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Ecuador era responsable de la muerte de Paola. Aquello representó un hito en la Región por ser el primero caso condenado por violencia sexual en el contexto educativo.

Cuando mira hacia atrás, Petita, describe: “es una lucha que hay que seguir adelante con fuerza y no dejarse quebrar (...) Esas madres deben estar permanentemente averiguando, les digo que luchen hasta lo último para que no quede en la impunidad las muertes de sus hijas”.