Así es buscar justicia para las madres de las víctimas de violencia de género

En el país se han registrado 20 femicidios en los últimos tres meses del año.

En Ecuador cada tres días una mujer es víctima de femicidio. Arte: Jhosue Vite.
7 Marzo, 2021, 2:04 pm
Por: Gisella Rojas 
Han organizado plantones y marchas. Han tenido que aprender a manejar lenguaje legal, leer expedientes, lidiar con abogados y fiscales.  Han creado cuentas en todas las redes sociales con el nombre de sus hijas para que junto a la sociedad puedan presionar a las autoridades. Pero sobretodo han conocido de cerca lo que es un gobierno indiferente ante su pérdida.
 
Petita Albarracín luchó durante 18 años para "limpiar el nombre de su hija", Paola Guzmán, quien se suicidó en 2002 tras sufrir abusos y violencia sexual por el vicerrector de su colegio. Patricia Bermúdez, luego de atravesar un proceso judicial largo y revictimizante, logró que el asesino de su hija Adriana Camacho y su nieto Santiago, esté en prisión. Mientras que, Kathy Muñoz, no ha descansado ni un minuto para que la muerte de su hija Lisbeth Baquerizo no quede en la impunidad.   
 
Ellas son las madres que retratan un fallido sistema de justicia para las víctimas de la mayor expresión de violencia de género.  
 

 

Un proceso revictimizante 

Hace un año en la marcha del 8M, Patricia Bermúdez, madre de Adriana Camacho, quien fue asesinada junto a su hijo de 5 años el pasado 24 de febrero de 2020, se aferraba a ese cartel, su lucha por obtener justicia recién comenzaba. 
 
Bermúdez pasó más de 334 días sumida en un proceso judicial que la obligaba a recordar continuamente, "cada vez que hay una audiencia, yo tengo que volver a vivir los momentos horrorosos que pasamos en esos días", dijo en un video, el 21 de enero, luego de que se cancelara por tercera vez la audiencia de juzgamiento. En una entrevista con este medio, describió además el proceso detrás, “leo otra vez el expediente a ver si se me escapa algo, a mi me gusta estar atrás de las cosas porque las personas pueden ser que se olviden, estoy atrás de las abogadas, de la fiscal”.  
 
Ella y sus familiares en busca de agotar todos los medios crearon cuentas en redes sociales, “hemos hecho algunos 'tuitazos' que han sido tendencia”, dice con orgullo Patricia. Ante ello, Nadia Donoso, vocera de Cepam Guayaquil, agrega que “ahora se busca la participación activa de la ciudadanía, pues sino hay esta presión, se ha demostrado que los procesos pueden tomar muchísimo más tiempo en el acceso a la justicia y reparación”.   
 
Por el doble crimen, el conviviente y asesino, fue sentenciado el pasado 18 de febrero y cumplirá 34 años de prisión. Patricia ahora puede sanar, y dar vida al programa de prevención a la violencia “Adriana Camacho Bermúdez”. 
 
 
 
"Una madre nunca se cansa"
 
Desde el 21 de diciembre, Kathy Muñoz,  madre de Lisbeth Baquerizo, no ha parado de buscar por todos los medios respuestas por parte del sistema judicial. Ella ha vivido en primera línea lo que describe como "una película de terror".
 
En un inicio la muerte de Lisbeth quiso ser ocultada como una caída de escaleras, pero el resultado de la autopsia contó la verdadera historia: heridas contuso cortantes que incluso fueron pegadas con brujita.  
 
El esposo y principal sospechoso de la muerte de su hija está prófugo mientras tanto la justicia camina a paso lento. Ante la inoperancia del sistema, los familiares y amigos de Lisbeth han tenido incluso que emprender una campaña para recaudar fondos y poder ofrecer recompensa a quien entregue información sobre el paradero del sospechoso y sus cómplices. 
 
"No me voy a cansar de gritar ahí (Fiscalía), la única respuesta que quiero es que me digan: 'hoy se va a hacer justicia señora'", dijo Muñoz a todo pulmón a fuera de la institución que le debe justicia por la muerte de Lisbeth,  lo mínimo que puede hacer para honrar su vida. 
 
 
 
Retrato de una lucha 
La foto que sostiene en sus manos es de Paola Guzmán (14 años), su hija, quien se suicidó en 2002 tras sufrir abusos y violencia sexual sistemática por el vicerrector de su colegio quien tenía 64 años. “Aquí la justicia no sirve para nada”, dice Petita Albarracín, y no duda en asegurarlo, pues a pesar de que presentó denuncias ante la escuela y la fiscalía, y de contratar abogados con recursos limitados, la respuesta por parte del Estado nunca llegó, sino que tuvo que buscarla fuera del país.
 
“Era cansado, a veces me daba ganas de dejar todo botado”, reconoce, pero no lo hizo. En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Ecuador era responsable de la muerte de Paola. Aquello representó un hito en la Región por ser el primero caso condenado sobre violencia sexual en el contexto educativo.  
 
Ahora que mira hacia atrás, Petita, describe: “es una lucha que hay que seguir adelante con fuerza y no dejarse quebrar (...) Esas madres deben estar permanentemente averiguando, les digo que luchen hasta lo último para que no quede en la impunidad las muertes de sus hijas”. 
 
 
 
Han organizado plantones y marchas. Han tenido que aprender a manejar lenguaje legal, leer expedientes, lidiar con abogados y fiscales.  Han creado cuentas en todas las redes sociales con el nombre de sus hijas para que junto a la sociedad puedan presionar a las autoridades. Pero sobretodo han conocido de cerca lo que es un gobierno indiferente ante su pérdida.
 
Petita Albarracín luchó durante 18 años para "limpiar el nombre de su hija", Paola Guzmán, quien se suicidó en 2002 tras sufrir abusos y violencia sexual por el vicerrector de su colegio. Patricia Bermúdez, luego de atravesar un proceso judicial largo y revictimizante, logró que el asesino de su hija Adriana Camacho y su nieto Santiago, esté en prisión. Mientras que, Kathy Muñoz, no ha descansado ni un minuto para que la muerte de su hija Lisbeth Baquerizo no quede en la impunidad.   
 
Ellas son las madres que retratan un fallido sistema de justicia para las víctimas de la mayor expresión de violencia de género.  
 

 

Un proceso revictimizante 

Hace un año en la marcha del 8M, Patricia Bermúdez, madre de Adriana Camacho, quien fue asesinada junto a su hijo de 5 años el pasado 24 de febrero de 2020, se aferraba a ese cartel, su lucha por obtener justicia recién comenzaba. 
 
Bermúdez pasó más de 334 días sumida en un proceso judicial que la obligaba a recordar continuamente, "cada vez que hay una audiencia, yo tengo que volver a vivir los momentos horrorosos que pasamos en esos días", dijo en un video, el 21 de enero, luego de que se cancelara por tercera vez la audiencia de juzgamiento. En una entrevista con este medio, describió además el proceso detrás, “leo otra vez el expediente a ver si se me escapa algo, a mi me gusta estar atrás de las cosas porque las personas pueden ser que se olviden, estoy atrás de las abogadas, de la fiscal”.  
 
Ella y sus familiares en busca de agotar todos los medios crearon cuentas en redes sociales, “hemos hecho algunos 'tuitazos' que han sido tendencia”, dice con orgullo Patricia. Ante ello, Nadia Donoso, vocera de Cepam Guayaquil, agrega que “ahora se busca la participación activa de la ciudadanía, pues sino hay esta presión, se ha demostrado que los procesos pueden tomar muchísimo más tiempo en el acceso a la justicia y reparación”.   
 
Por el doble crimen, el conviviente y asesino, fue sentenciado el pasado 18 de febrero y cumplirá 34 años de prisión. Patricia ahora puede sanar, y dar vida al programa de prevención a la violencia “Adriana Camacho Bermúdez”. 
 
 
 
"Una madre nunca se cansa"
 
Desde el 21 de diciembre, Kathy Muñoz,  madre de Lisbeth Baquerizo, no ha parado de buscar por todos los medios respuestas por parte del sistema judicial. Ella ha vivido en primera línea lo que describe como "una película de terror".
 
En un inicio la muerte de Lisbeth quiso ser ocultada como una caída de escaleras, pero el resultado de la autopsia contó la verdadera historia: heridas contuso cortantes que incluso fueron pegadas con brujita.  
 
El esposo y principal sospechoso de la muerte de su hija está prófugo mientras tanto la justicia camina a paso lento. Ante la inoperancia del sistema, los familiares y amigos de Lisbeth han tenido incluso que emprender una campaña para recaudar fondos y poder ofrecer recompensa a quien entregue información sobre el paradero del sospechoso y sus cómplices. 
 
"No me voy a cansar de gritar ahí (Fiscalía), la única respuesta que quiero es que me digan: 'hoy se va a hacer justicia señora'", dijo Muñoz a todo pulmón a fuera de la institución que le debe justicia por la muerte de Lisbeth,  lo mínimo que puede hacer para honrar su vida. 
 
 
 
Retrato de una lucha 
La foto que sostiene en sus manos es de Paola Guzmán (14 años), su hija, quien se suicidó en 2002 tras sufrir abusos y violencia sexual sistemática por el vicerrector de su colegio quien tenía 64 años. “Aquí la justicia no sirve para nada”, dice Petita Albarracín, y no duda en asegurarlo, pues a pesar de que presentó denuncias ante la escuela y la fiscalía, y de contratar abogados con recursos limitados, la respuesta por parte del Estado nunca llegó, sino que tuvo que buscarla fuera del país.
 
“Era cansado, a veces me daba ganas de dejar todo botado”, reconoce, pero no lo hizo. En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Ecuador era responsable de la muerte de Paola. Aquello representó un hito en la Región por ser el primero caso condenado sobre violencia sexual en el contexto educativo.  
 
Ahora que mira hacia atrás, Petita, describe: “es una lucha que hay que seguir adelante con fuerza y no dejarse quebrar (...) Esas madres deben estar permanentemente averiguando, les digo que luchen hasta lo último para que no quede en la impunidad las muertes de sus hijas”. 
 
 
 

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