Desde 2014 solo el 48% de los casos de femicidios han sido resueltos

La pandemia desaceleró los procesos judiciales para los casos de femicidios. Sin embargo,  ya eran lentos antes de que el mundo se confine. Desde agosto de 2014 a enero de 2021 solo 48% de los 446 casos judicializados tienen causa resuelta por sentencia condenatoria, absolutoria, archivo, o sobreseimiento, según el último informe de la Fiscalía General del Estado con corte al 3 de enero. El resto de casos aún están a la espera de justicia.

Consuelo Bowen, abogada del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), destaca que “la pandemia exacerbó aquello que ya existía, siempre ha sido limitado para las mujeres el acceso a la justicia”. Los tiempos de litigio se dilatan, “un juicio penal en flagrancia dura un año en el mejor de los casos”, y cuando no son flagrantes, es decir, cuando el hecho no es evidente, “el proceso es aún más demorado, solo la fase de investigación previa puede durar hasta dos años”. Entonces, en total un caso puede extenderse a tres años, “hay que preparar psicológicamente a las familias para que puedan llegar a una sentencia”, expresa.  

Ese largo proceso lo conoce bien, Patricia Bermúdez, madre de Adriana Camacho, quien fue asesinada junto a su hijo de 5 años el pasado 24 de febrero. Luego del doble crimen, el conviviente y principal sospechoso, huyó robando dinero del negocio de la familia y más tarde fue detenido en Montañita.  

Desde el hecho Bermúdez lleva 334 días pidiendo justicia. "Cada vez que hay una audiencia, yo tengo que volver a vivir los momentos tristes, horrorosos que pasamos en esos días. No los vivo en una sola jornada y eso es, efectivamente revictimizante", dijo en un video Bermúdez, el 21 de enero, luego de que se cancelara por tercera vez la audiencia de juzgamiento en contra de Érick Ortega, supuesto autor. De hecho, si para el 24 febrero no se ha llevado a cabo la audiencia el sospechoso podría salir libre de prisión preventiva.

Trabas 

El femicidio está tipificado en el art. 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) desde 2014. Según el registro oficial, el 34,22% de los casos el victimario es el conviviente. Así se han contabilizado de forma oficial 450 casos, pero la data no coincide con las cifras que llevan las organizaciones civiles.  

Sin embargo, Bowen explica una posible razón: “Lo que registramos siempre va a ser el doble del que registra la Fiscalía, y eso tiene un motivo. De acuerdo, al protocolo para Latinoamérica de Naciones Unidas para la investigación de la violencia contra las mujeres en casos de femicidio, recomiendan a los Estados que todas las muertes violentas de las mujeres deben ser investigadas como femicidio y luego se descarten”, añade que es la forma como las organizaciones contabilizan los casos. Sin datos certeros no se puede mesurar el tamaño real de la problemática. 

Otro nudo en la justicia que Bowen ha detectado es la falta de especialización por parte de las autoridades en casos de femicidios, “generalmente los nudos de la justicia empiezan con la Policía Judicial, las investigaciones de femicidio son distintas y deben tener una mirada distinta al asesinato u homicidio. No olvidemos que la Fiscalía recoge la información de lo que hace la Policía (...) En Quito y Guayaquil como centros urbanos grandes cuentan con unidades más especializadas, sin embargo en poblaciones más pequeñas no hay fiscales especializados”. 

La otra violencia

La pandemia no ha terminado y hay mujeres que continúan viviendo con sus agresores. En caso de un nuevo confinamiento, la pregunta es eminente ¿qué sucederá?

Durante el 2020, CEPAM atendió a 2052 usuarios que solicitaron auxilio por casos de violencia contra mujeres. Entre los que buscaron ayuda también se encuentran hombres que llamaron al ser testigos de la violencia a sus madres o hermanas. Bowen señala que “la violencia psicológica es incluso la que más ha aumentado, según la Fiscalía. Tiene que ver con la dependencia y convivencia con los agresores, por el no poder salir, además, es la que históricamente menos se juzga”, afirma y agrega que existen pocas formas de evidenciarla, por ellos las experticias de la Policía Judicial en temas de violencia psicológica es indispensable.