El caso Chevron concluye con una derrota para Ecuador tras 22 años
El caso Chevron, uno de los litigios ambientales más polémicos que llevó a Ecuador a cortes internacionales, terminó con derrota para el Estado tras 22 años de disputa legal.
Todo empezó cuando la transnacional petrolera estadounidense Chevron - Texaco fue demandada por comunidades indígenas y campesinas de Orellana y Sucumbíos por daños ambientales durante 28 años de explotación de petróleo, entre 1964 y 1992.
El proceso judicial inició en mayo de 2003 en la Corte Provincial de Sucumbíos. Chevron rechazó la demanda y en septiembre de 2009 presentó la solicitud de arbitraje en la Corte Internacional de La Haya por violación del tratado bilateral de inversiones firmado entre Ecuador y Estados Unidos.
Lea: Ecuador deberá pagar USD 220 millones a Chevron, ordenó un tribunal arbitral de La Haya
En febrero de 2011 el juez de la Corte de Sucumbíos, Nicolás Zambrano, sentenció a Chevron, en primera instancia, a pagar una indemnización de USD 9 500 millones y en enero de 2012 la sentencia fue ratificada por el Tribunal Provincial.
El mismo mes la transnacional consiguió el primer laudo arbitral interino para evitar la ejecución de la sentencia.
Sin embargo, el proceso judicial siguió en Ecuador y en noviembre de 2013 la Corte Nacional de Justicia en casación confirmó la responsabilidad de Chevron por daño ambiental en la Amazonía.
Ese año el gobierno de Rafael Correa lanzó la campaña internacional “la mano sucia de Chevron” con la participación de personalidades que visitaron las zonas de contaminación en la Amazonía para reforzar la tesis del Estado.
En junio de 2018, la Corte Constitucional rechazó la acción extraordinaria de protección presentada por Chevron, por fraude procesal, para anular la sentencia.
Le puede interesar: Estados Unidos permitió a Chevron reactivar la extracción petrolera en Venezuela
En agosto de 2018, el Tribunal Arbitral de La Haya determinó la responsabilidad del estado por la violación al Tratado Bilateral de Inversiones y siete años después, cuantificó, cuantificó los daños por USD 220.8 millones que el estado deberá pagar a la transnacional.