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Detienen a seis exdirectivos de universidades suspendidas

Redacción

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Viernes 15 de Junio de 2012 - 15:47
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La Policía Nacional detuvo a ocho altos cargos de la Universidad Autónoma de Quito y la Cristiana Latinoamericana, cerradas por mala calidad en la enseñanza, a los que acusa de matricular a estudiantes cuando la ley se lo impedía, según informó la Fiscalía.

Ambas entidades son parte de un grupo de 14 universidades privadas que el Gobierno clausuró en abril tras haberlas evaluado durante año y medio, lo que afectó a 38.000 estudiantes.

Los detenidos, en un operativo realizado este jueves, son "rectores, vicerrectores y administrativos-financieros que manejaban recursos económicos" de las dos universidades, explicó la Fiscalía en un comunicado.

Los representantes de la Universidad Autónoma de Quito comparecieron a una audiencia de formulación de cargos esta madrugada y los de la Cristiana Latinoamericana lo harán a lo largo del día, explicó a una fuente de la Fiscalía.

Se les acusa de estafa, por haber matriculado a más de 12.000 estudiantes "cuando por ley no estaban habilitados para ofertar programas educativos de pre y posgrado", dijo Byron Granda, fiscal de la causa.

La Fiscalía mantiene que al recibir la mínima nota en la evaluación de las universidades ecuatorianas realizada por el Estado, la ley les prohibía matricular a alumnos para licenciaturas y posgrados, según la fuente.

La Fiscalía mantiene que el daño económico por la matriculación de los más de 12.000 alumnos asciende a unos cuatro millones de dólares.

"El juez acogió el pedido fiscal y emitió prisión preventiva por tratarse de un caso de conmoción social, además los involucrados están prohibidos de salir del país", afirmó la Fiscalía en su comunicado, en referencia al resultado de audiencia de los altos cargos de la Universidad Autónoma de Quito.

Para ellos se inició la etapa de instrucción fiscal, que durará 90 días, durante los cuales la Fiscalía y los procesados presentarán sus pruebas respectivas.

De los 38.000 estudiantes que cursaban estudios en las 14 universidades clausuradas, los 10.000 que estaban en último año terminarán sus carreras en las propias entidades, que son regidas por nuevos administradores designados por el Estado, según anunciaron las autoridades en abril.

El resto debe ser acogido en otros centros de estudios superiores, donde se incorporarán a carreras vigentes o se crearán nuevas que se ajusten a los cursos que ya han comenzado.

La Policía Nacional detuvo a ocho altos cargos de la Universidad Autónoma de Quito y la Cristiana Latinoamericana, cerradas por mala calidad en la enseñanza, a los que acusa de matricular a estudiantes cuando la ley se lo impedía, según informó la Fiscalía.

Ambas entidades son parte de un grupo de 14 universidades privadas que el Gobierno clausuró en abril tras haberlas evaluado durante año y medio, lo que afectó a 38.000 estudiantes.

Los detenidos, en un operativo realizado este jueves, son "rectores, vicerrectores y administrativos-financieros que manejaban recursos económicos" de las dos universidades, explicó la Fiscalía en un comunicado.

Los representantes de la Universidad Autónoma de Quito comparecieron a una audiencia de formulación de cargos esta madrugada y los de la Cristiana Latinoamericana lo harán a lo largo del día, explicó a una fuente de la Fiscalía.

Se les acusa de estafa, por haber matriculado a más de 12.000 estudiantes "cuando por ley no estaban habilitados para ofertar programas educativos de pre y posgrado", dijo Byron Granda, fiscal de la causa.

La Fiscalía mantiene que al recibir la mínima nota en la evaluación de las universidades ecuatorianas realizada por el Estado, la ley les prohibía matricular a alumnos para licenciaturas y posgrados, según la fuente.

La Fiscalía mantiene que el daño económico por la matriculación de los más de 12.000 alumnos asciende a unos cuatro millones de dólares.

"El juez acogió el pedido fiscal y emitió prisión preventiva por tratarse de un caso de conmoción social, además los involucrados están prohibidos de salir del país", afirmó la Fiscalía en su comunicado, en referencia al resultado de audiencia de los altos cargos de la Universidad Autónoma de Quito.

Para ellos se inició la etapa de instrucción fiscal, que durará 90 días, durante los cuales la Fiscalía y los procesados presentarán sus pruebas respectivas.

De los 38.000 estudiantes que cursaban estudios en las 14 universidades clausuradas, los 10.000 que estaban en último año terminarán sus carreras en las propias entidades, que son regidas por nuevos administradores designados por el Estado, según anunciaron las autoridades en abril.

El resto debe ser acogido en otros centros de estudios superiores, donde se incorporarán a carreras vigentes o se crearán nuevas que se ajusten a los cursos que ya han comenzado.

 

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