Tras una audiencia de juzgamiento que duró más de 24 horas, cinco policías fueron declarados culpables de sabotaje del servicio público y alzamiento, para desconocer el Gobierno legalmente constituido, el 30 de septiembre del 2010.
Esto acarrea una pena de entre cuatro y ocho años de prisión.
Los cinco gendarmes fueron sindicados en la sublevación junto a ocho compañeros, que resultaron sobreseídos por el décimo tribunal de garantías penales del Guayas.
A los cinco sentenciados se los señala como responsables de haber bloqueado la circulación en el puente de la Unidad Nacional.




