Asamblea aprobó proyecto de reforma tributaria

Con 79 votos a favor, la Asamblea aprueba el proyecto de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social. De un total de 94 asambleístas presentes, 5 votaron en contra y 10 se abstuvieron de votar.

El presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, Francisco Velasco, abrió el debate de este proyecto en la mañana, con una hora de retraso. Pasado el mediodía tomaron un receso para retomar la sesión a las 15h30.

Una vez reinstalada la sesión, la polémica no se hizo esperar. Las protagonistas, Susana González, de Madera de Guerrero, y la oficialista María Augusta Calle.

A través del asambleista Luis Almeida, el bloque de Sociedad Patriótica anunció desde temprano que votaría a favor y que el bono debería incrementarse a 65 dólares. 16 votos para aprobar esta ley fueron de este grupo político.

42 asambleístas tuvieron que exponer su punto de vista acerca de la reforma tributaria. Cada uno contó con 10 minutos para dar a conocer su posición. Luego de ello el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, suspendió el debate y llamó a la votación. La decisión generó otro conflicto por el impulsivo reclamo de Francisco Cisneros, de Sociedad Patriótica.

Calmados los ánimos, 79 asambleístas votaron a favor del proyecto que elimina preferencias tributarias para la banca privada e impone que los servicios financieros sean grabados con el IVA.

La ley de redistribución de los ingresos para el gasto social será enviada al Ejecutivo para que el presidente Rafael Correa lo apruebe o lo vete.

En qué consiste el proyecto:
Fija un Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 por ciento para los servicios financieros, que actualmente están exonerados, y eleva los gravámenes sobre los fondos depositados en el extranjero, entre otras medidas.

También da potestad a la Junta Bancaria, una entidad estatal, para poner techo a los sueldos de los directivos de los bancos.

Asimismo, amplía el acceso del Servicio de Rentas Internas (SRI) a la información bancaria de los ciudadanos, al establecer que puede exigir datos "de manera directa, sin trámite o intermediación alguna".

Organizaciones empresariales y de la banca han protestado contra la iniciativa, con el argumento de que restringirá el crecimiento del patrimonio de las entidades financieras y con ello también se ralentizará la oferta de crédito para la economía.

Aseveran, asimismo, que los nuevos impuestos encarecerán las operaciones de comercio exterior