Fabricantes de software preocupados por el proyecto de 'Código Ingenios'

El proyecto de Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento e Innovación, que se debate en la Asamblea, ha puesto en alerta a los fabricantes de programas de computación o software de Ecuador.

 

Christian Ramón, diseñador gráfico, desarrolla software desde hace seis años y teme que con la aprobación del conocido 'Código Ingenios' su trabajo resulte afectado.

 

Uno de los artículos que más le preocupa es el 111, que establece:

 

"… El autor (de una obra) conservará el derecho de explotarlas (…) Además tendrá el derecho irrenunciable de percibir al menos el 10% de los beneficios derivados de la explotación de la obra". 

 

Es decir que, el 10% de las ventas de la empresa se entregarían a los empleados o personas que se contrataron para desarrollar el sistema.

 

Para Ramón, las empresas ya no contratarían talento ecuatoriano y a largo plazo perderían competitividad.

 

El presidente de la Asociación Ecuatoriana de Software, Andrés Burbano, asegura que la aplicación de este artículo podría ser "catastrófica" para la industria del software en el país porque los clientes no querrán compartir sus ganancias. 

 

Burbano sostiene que cerca de 15.000 personas que trabajan en este sector podrían perder sus empleos.

 

Rina Pasos, subsecretaria general de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) - entidad que impulsa esta ley-, rechaza la afirmación de Burbano y manifiesta que el proyecto genera incentivos tributarios y trabajo.

 

Según la subsecretaria, las empresas van a pagar menos impuestos cuando hagan innovación. 

 

Pasos añade que el artículo aún no está definido y que hay apertura para incluir las modificaciones que sean necesarias.

 

Otro de los puntos de la normativa que les preocupa es el articulo 136, que obliga al sector público y a las instituciones del sistema educativo a usar, exclusivamente, software libre y no los sistemas operativos de Microsoft, Apple o cualquier otro privado.

 

Andrés Burbano cuenta que el 35% de la ventas, en promedio, se realizan al sector público y si pasa la Ley perderían este cliente.

 

La Comisión de Educación que trata este proyecto elaborará el informe para segundo debate para que posteriormente sea sometido a votación .