Ley de Fomento Productivo: aprueban informe para segundo debate con 40 % de cambios

Por unanimidad de los ocho asambleístas presentes y 40 % de cambios, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley para el Fomento Productivo, calificado como económico urgente. Esteban Albornoz, presidente de la mesa, señaló que los parlamentarios trataron gran parte de la problemática del sector productivo agropecuario y plantearon propuestas para que se reactive. 

El comunicado de la Asamblea indica sobre la remisión de interés, multas y recargos se incluyó a los deudores del Banco Nacional de Fomento en Liquidación, para obligaciones de hasta 50.000 dólares, así como a los créditos educativos y becas y algunos compromisos con la Superintendencia de Compañías. En la propuesta inicial del Ejecutivo esta figura se aplica a deudas con Servicio de Rentas Internas (SRI), Aduanas, Seguro Social, gobiernos autónomos descentralizados, matrículas e impuestos vehiculares y  deudas por servicios básicos, con entidades amparadas por la Ley de Empresas Públicas.

Para acceder a estos beneficios los interesados deberán cancelar el capital, pero tendrían facilidades para hacerlo como el factor tiempo. En el caso de las obligaciones con el SRI, los contribuyentes con ingreso promedio neto mayor a 5 millones de dólares, en los últimos tres años, pondrán honrar el capital en 90 días y para el resto hasta en dos años. Excepto las deudas patronales con el Seguro Social,  las remisiones serán del 100 %, registradas hasta el 2 de abril de 2018. Las del Seguro Social van del 50 % hasta el 99 %, dependiendo del plazo: entre más rápido paga el capital, más alto será el beneficio.

Según los legisladores, para que esta medida no se convierta en una mala práctica se incluyó un candado. Quienes se acojan a la remisión no podrán beneficiarse sobre el mismo concepto en procesos futuros por 10 años.

Para nuevas inversiones productivas en sectores priorizados, se exonera del Impuesto a la Renta (IR) durante 10 años cuando se asienten fuera de Quito y Guayaquil y 8 si lo hacen al interior de estas dos ciudades. En el caso de inversiones en el sector industrial el beneficio es por 10 años y en industrias básicas 15. Ese plazo se amplía por 5 años si son en los cantones fronterizos. En Manabí y Esmeraldas la exoneración durará 10 años y aquí entran también los pequeños y medianos emprendimientos turísticos. Pero no solo habrá exoneración, sino también reducción: se les bajará el 15 % de este impuesto a quienes reinviertan sus utilidades en proyectos o programas deportivos, culturales y de investigación científica responsable.

Respecto al Impuesto a la Salida de Divisad (ISD), se libera a nuevas inversiones productivas que suscriban contratos de inversión en importación de bienes de capital y materias primas que no se disponga en Ecuador. Además, en una transitoria, el informe subraya que el Presidente de la República podrá reducir gradualmente este impuesto hasta su desaparición, a partir del siguiente ejercicio fiscal, previo dictamen favorable del Ministerio de Finanzas.

La tarifa cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA) estará dirigida para los servicios de construcción de viviendas de interés social y, tras el segundo debate, al sector agropecuario. Lo que implicaría que no pagarán IVA en bienes de capital, repuestos de maquinaria, insumos, arrendramientos de tierras y un seguro agrícola.

También, la Banca Pública constituirá un Fondo de Garantía para el fomento productivo del segmento de la economía popular y solidaria. Además, cuando contraten sus servicios con entidades del Estado deberán darles un anticipo, a fin de que puedan seguir reinvirtiendo. Los parlamentarios incorporaron un texto para que cuando un ciudadano honre sus deudas con el sistema financiero y no financiero no tenga que esperar cuatro años para salir de mala calificación, es decir, su historial se restituye.

En el eje de las reglas macroeconómicas, los cambios fueron de forma para mejorar la redacción del texto. Entre los temas más destacados, se crea un Fondo de Estabilización Fiscal, con los ingresos provenientes de la explotación de recursos no renovales que superen lo contemplado en el presupuesto general y luego de descontar el porcentaje correspondiente a los gobiernos autónomos descentralizados.

El debate en el Pleno está previsto para el próximo martes, 19 de junio.