Defensor del Pueblo presenta observaciones a la pregunta 3 de la Consulta Popular

El defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, acudió este 23 de octubre de 2017 a la Corte Constitucional para presentar sus observaciones respecto a la pregunta de la consulta popular, sobre el cese inmediato de los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana. 

Rivadeneira explicó que está alertando a la Corte sobre posibles consecuencias negativas para la protección de los derechos humanos de incluir a la Defensoría del Pueblo en el grupo de órganos de control a evaluar y pide que se la excluya de un eventual examen. 

El funcionario indicó que su pedido se fundamenta en el carácter especial y estatus internacional de la Denfesoría, por lo que sugiere a la Corte su revisión. Según la Defensoría, "la redacción de la propuesta tal como fue planteada, de ser aprobada por la ciudadanía en consulta popular, dejaría abierta la posibilidad de que un Consejo de Participación en transición, de origen gubernamental, pueda cesar en funciones al defensor del Pueblo y designar a la nueva autoridad".

Rivadeneira manifestó que este escenario supone anular la autonomía e independencia que debe garantizar el Estado a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.

El 22 de marzo de 2016, la Defensoría del Pueblo de Ecuador recibió el certificado de acreditación “Status A” por parte de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, cuya secretaría la ejerce la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Status A para una Institución Nacional de Derechos Humanos significa mantener el más alto nivel de independencia respecto a las otras funciones del Estado.

A través de un comunicado, la Defensoría explica que la destitución o dimisión forzosa de cualquier miembro puede dar lugar a un examen especial de la clase de acreditación de la Institución Nacional de Derechos Humanos.

"La pérdida de la acreditación impediría participar activamente de los exámenes periódicos sobre la situación de los derechos humanos en el Ecuador, que los distintos órganos especializados de Naciones Unidas, en virtud de sus mandatos, realizan a nuestro país", señala el documento.