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Moncayo sobre pacto ético:" El presidente quiere hacerle gastar $3 millones a un país prácticamente quebrado"

Redacción

tmenendez

|

Viernes 30 de Diciembre de 2016 - 9:51
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El candidato a la presidencia de la República por la Izquierda Democrática y el Acuerdo Nacional por el Cambio, Paco Moncayo, arremetió contra la consulta popular, propuesta por el Ejecutivo, relacionada a la prohibición de que funcionarios tengan bienes en paraísos fiscales.
 
Durante una entrevista en Contacto Directo, Moncayo cree innecesaria la realización de este proceso electoral, paralelo a los comicios presidenciales del 19 de febrero de 2017. "Introducir una materia secundaria que podía haberse resuelto por vía de la Asamblea... Lo que quiere el presidente es ser parte del proceso electoral, recibir recursos del Estado para defender este proyecto, hacerle gastar a un país que está prácticamente quebrado 3 millones de dólares para que el capricho del presidente pueda cumplirse y para él poder ir a ayudar a sus débiles y cuestionados candidatos".
 
De allí que dijo haber enviado un oficio al presidente de la República, Rafael Correa, para plantearle otra alternativa. "Si es que busca lograr estos fines con una ley se lo soluciona fácilmente, por qué no dan trámite a la ley que presentó Lourdes Tibán a nombre del Acuerdo Nacional por el Cambio y de Pachakutik en la Asamblea, y meter en el gran debate nacional, como son las elecciones, un tema extraño, un tema secundario".
 
 
Vea la entrevista completa en el video adjunto a la nota
 
 
El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el 9 de diciembre de 2016, un total de 2,8 millones de dólares como presupuesto de la consulta popular sobre paraísos fiscales, conocida como el pacto ético.
 
En la consulta, sufragarán los mismos ciudadanos habilitados para los comicios generales de febrero de 2017; es decir, 12'816.698 personas dentro y fuera del país.
 
 
 
 
El presidente de la República, Rafael Correa, emitió el 7 de diciembre de 2016 el decreto ejecutivo No. 1269 para la consulta popular, en la que se establece el plazo de un año para que los servidores públicos que tengan capitales y bienes en paraísos fiscales acaten el pronunciamiento popular. Su incumplimiento será causal de destitución.  
 
 
El candidato a la presidencia de la República por la Izquierda Democrática y el Acuerdo Nacional por el Cambio, Paco Moncayo, arremetió contra la consulta popular, propuesta por el Ejecutivo, relacionada a la prohibición de que funcionarios tengan bienes en paraísos fiscales.
 
Durante una entrevista en Contacto Directo, Moncayo cree innecesaria la realización de este proceso electoral, paralelo a los comicios presidenciales del 19 de febrero de 2017. "Introducir una materia secundaria que podía haberse resuelto por vía de la Asamblea... Lo que quiere el presidente es ser parte del proceso electoral, recibir recursos del Estado para defender este proyecto, hacerle gastar a un país que está prácticamente quebrado 3 millones de dólares para que el capricho del presidente pueda cumplirse y para él poder ir a ayudar a sus débiles y cuestionados candidatos".
 
De allí que dijo haber enviado un oficio al presidente de la República, Rafael Correa, para plantearle otra alternativa. "Si es que busca lograr estos fines con una ley se lo soluciona fácilmente, por qué no dan trámite a la ley que presentó Lourdes Tibán a nombre del Acuerdo Nacional por el Cambio y de Pachakutik en la Asamblea, y meter en el gran debate nacional, como son las elecciones, un tema extraño, un tema secundario".
 
 
Vea la entrevista completa en el video adjunto a la nota
 
 
El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el 9 de diciembre de 2016, un total de 2,8 millones de dólares como presupuesto de la consulta popular sobre paraísos fiscales, conocida como el pacto ético.
 
En la consulta, sufragarán los mismos ciudadanos habilitados para los comicios generales de febrero de 2017; es decir, 12'816.698 personas dentro y fuera del país.
 
 
 
 
El presidente de la República, Rafael Correa, emitió el 7 de diciembre de 2016 el decreto ejecutivo No. 1269 para la consulta popular, en la que se establece el plazo de un año para que los servidores públicos que tengan capitales y bienes en paraísos fiscales acaten el pronunciamiento popular. Su incumplimiento será causal de destitución.