28 jul 2015 , 09:59

Videos presentados en la Asamblea podría pasar por una revisión previa

Gabriela Rivadeneira podría ser quien revise los videos previo a su difusión en el Pleno.

Andreína Laines

Ecuavisa.com

 

 

Los videos que utilicen los legisladores para respaldar sus exposiciones en la Asamblea Nacional (AN) podrían pasar primero por una revisión de las autoridades de la función legislativa. Esa sería una de las regulaciones que se sumaría a la resolución aprobada la semana anterior para que las intervenciones de los legisladores en el Pleno sean “veraces, verificadas y contextualizadas”.

 

Fausto Cayambe, miembro de la Comisión de la Administración Legislativa (CAL), propone plantear una reforma al reglamento o hacer un reglamento específico para normar el uso de material de apoyo en la Asamblea. En ese mismo reglamento se definiría qué se puede o no presentar en el Pleno. A criterio de Cayambe, esa persona podría ser la presidenta de la AN, Gabriela Rivadenerira.

 

La oposición rechaza esa posibilidad y reitera que se quiere aplicar una mordaza a los legisladores e insiste en que el bloque oficialista busca imponer la Ley de Comunicación en la Asamblea. 

 

“Es una mordaza  inconstitucional e ilegal a la AN, no nos aplican la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no nos aplican el reglamento, no nos aplican los artículos constitucionales que amparan la Función Legislativa sino la Ley de Comunicación”, expresó Cinthia Viteri, asambleísta de oposición por el Partido Social Cristiano (PSC).

 

María José Carrión, legisladora por Alianza PAÍS rechaza las acusaciones de la bancada de oposición sobre una supuesta censura previa a las intervenciones. “(...) no podríamos nosotros plantear una cosa como esa”, dijo. 

 

Los exaliados al bloque oficialista, que pertenecen al partido Avanza, también critican esta regulación. Uno de ellos es Bayron Pacheco, quien dijo que la resolución no les interesa y que tampoco la van a obedecer.

 

El bloque de PAIS insiste en que la intención de la normativa es garantizar el derecho al honor y buen nombre de las personas.

 

Aún no hay una fecha para la aprobación de esta propuesta cuya decisión la deberá tomar la CAL. Esta comisión está conformada por cinco representantes del partido de Gobierno, una asambleísta alíada y está pendiente la designación de otro de sus miembros como delegado de los partidos de minoría.

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