La consulta sobre el ‘pacto ético’ se volvió incómoda

Redacción

jvite

|

Viernes 11 de Noviembre de 2016 - 21:19
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  • Mandatario impulsa una consulta para que dignidades elegidas en votación popular y funcionarios públicos se deshagan de sus cuentas off shore.
Mandatario impulsa una consulta para que dignidades elegidas en votación popular y funcionarios públicos se deshagan de sus cuentas off shore.

A estas alturas, más de un integrante del gobierno de Alianza País se preguntará si fue políticamente correcta la decisión del presidente Rafael Correa de embarcarse en la consulta popular sobre el llamado ‘pacto ético’. La alucinante corruptela que ha brotado de Petroecuador ha empezado a afectar al Régimen, sin tener una idea clara de cuáles serán sus consecuencias.
 
Lo que comenzó como una estrategia audaz para enarbolar el discurso de la transparencia y la decencia en el manejo de las riquezas personales, terminará como la peor apuesta político-propagandística de un gobierno que, luego de 10 años, se sentía tan ducho en el arte de mover masas y victorias electorales. La consulta popular aún está en manos de la Corte Constitucional, que deberá autorizarla o no. 
 
Una vez que la prensa, en varios países del mundo, divulgara los ‘Panama Papers’, es decir las cuentas en paraísos fiscales de muchos empresarios y políticos poderosos, la Revolución Ciudadana adoptó una postura moralista. Inicialmente se creyó que su proyecto de consulta, mediante la cual se pretende que las dignidades elegidas en votación popular así como todos los funcionarios públicos se deshagan de sus cuentas off shore en el transcurso de un año, era un arma para combatir a los adversarios al Régimen: léase Guillermo Lasso o Jaime Nebot. 
 
También se había advertido que el tema central de la consulta era lo de menos, porque lo que realmente importa es que Correa, como mentor de esta iniciativa, tenga todas las credenciales habilitadas por el Consejo Nacional Electoral para estar en la campaña electoral y así permitir que su imagen irradie popularidad a todos los candidatos de su movimiento político. 
 
Finalmente, pesaba el criterio de que la consulta sobre el ‘pacto ético’ era una forma de curarse en salud ante posibles escándalos que surjan desde el interior del Gobierno. Es decir que, pese a todo lo que se pudiera descubrir, esta pregunta mostraba el deseo de la Revolución Ciudadana por ser transparente.
 
Pero como se dijo líneas arriba, el escándalo de Petroecuador rebasa cualquier cálculo político. Primero, porque una vez más los tiempos de la justicia permitieron que el principal implicado en esta trama de corrupción fugara del país. Mientras el oficialismo no sabe cómo censurar el desempeño del fiscal Galo Chiriboga -correísta por cierto-, el Presidente no se ha cansado de insistir en la traición de Carlos Pareja Yannuzzelli y Álex Bravo, gente de alto nivel en la toma de decisiones de Petroecuador, entidad que opera bajo control del Gobierno. 
 
Y qué decir de las últimas redadas, donde la Fiscalía ha ingresado en viviendas y negocios de altos funcionarios del sector petrolero estatal, repletas de dinero en efectivo: perturbadoras escenas del nivel de corrupción en ese sector. 
 
En segundo lugar, porque este caso estalla en los sectores estratégicos del Estado: área de acción del vicepresidente Jorge Glas, quien ahora compite por la reelección.
 
Si bien las investigaciones y la Justicia no han involucrado a Glas, el tema se le pone cuesta arriba en el inicio de la campaña electoral, pues Petroecuador, las cuentas off shore y los sectores estratégicos que él maneja, estarán a la orden del día en la campaña de la oposición. 
 
Aquí es donde se volvería totalmente incómoda la consulta sobre el ‘pacto ético’, si la autoriza la Corte Constitucional. Si gana el ‘Sí’, es decir la obligación a futuro para que los funcionarios públicos traigan sus capitales del exterior, el Gobierno no tendrá la fuerza política para celebrar el resultado. Como los escándalos mayores salieron de su seno, el ‘Sí’ bien podría significarle a la Revolución Ciudadana, la necesidad de ser más ágil e implacable en sus investigaciones casa adentro.
 
Si gana el ‘No’, como ya ocurrió en las consultas de Febres Cordero de 1986 y de Durán Ballén de 1995, el voto popular sería de censura al Régimen. 
 
Todo esto, tomando en cuenta que la consulta popular y las elecciones presidenciales se realizarían el mismo día. Si se parte de la hipótesis de que una segunda vuelta ya implica una derrota para Alianza País, el debate político en el que Correa metió a su movimiento con esta consulta popular sería una carga negativa adicional con resultados impredecibles. ¿Cómo desatar el ovillo que el mismo Presidente enredó? Tal vez desde la Corte Constitucional.
Por: Carlos Rojas Araujo

A estas alturas, más de un integrante del gobierno de Alianza País se preguntará si fue políticamente correcta la decisión del presidente Rafael Correa de embarcarse en la consulta popular sobre el llamado ‘pacto ético’. La alucinante corruptela que ha brotado de Petroecuador ha empezado a afectar al Régimen, sin tener una idea clara de cuáles serán sus consecuencias.

 

Lo que comenzó como una estrategia audaz para enarbolar el discurso de la transparencia y la decencia en el manejo de las riquezas personales, terminará como la peor apuesta político-propagandística de un gobierno que, luego de 10 años, se sentía tan ducho en el arte de mover masas y victorias electorales. La consulta popular aún está en manos de la Corte Constitucional, que deberá autorizarla o no. 

 

Una vez que la prensa, en varios países del mundo, divulgara los ‘Panama Papers’, es decir las cuentas en paraísos fiscales de muchos empresarios y políticos poderosos, la Revolución Ciudadana adoptó una postura moralista. Inicialmente se creyó que su proyecto de consulta, mediante la cual se pretende que las dignidades elegidas en votación popular así como todos los funcionarios públicos se deshagan de sus cuentas off shore en el transcurso de un año, era un arma para combatir a los adversarios al Régimen: léase Guillermo Lasso o Jaime Nebot. 

 

También se había advertido que el tema central de la consulta era lo de menos, porque lo que realmente importa es que Correa, como mentor de esta iniciativa, tenga todas las credenciales habilitadas por el Consejo Nacional Electoral para estar en la campaña electoral y así permitir que su imagen irradie popularidad a todos los candidatos de su movimiento político. 

 

Finalmente, pesaba el criterio de que la consulta sobre el ‘pacto ético’ era una forma de curarse en salud ante posibles escándalos que surjan desde el interior del Gobierno. Es decir que, pese a todo lo que se pudiera descubrir, esta pregunta mostraba el deseo de la Revolución Ciudadana por ser transparente.

 

Pero como se dijo líneas arriba, el escándalo de Petroecuador rebasa cualquier cálculo político. Primero, porque una vez más los tiempos de la justicia permitieron que el principal implicado en esta trama de corrupción fugara del país. Mientras el oficialismo no sabe cómo censurar el desempeño del fiscal Galo Chiriboga -correísta por cierto-, el Presidente no se ha cansado de insistir en la traición de Carlos Pareja Yannuzzelli y Álex Bravo, gente de alto nivel en la toma de decisiones de Petroecuador, entidad que opera bajo control del Gobierno. 

 

Y qué decir de las últimas redadas, donde la Fiscalía ha ingresado en viviendas y negocios de altos funcionarios del sector petrolero estatal, repletas de dinero en efectivo: perturbadoras escenas del nivel de corrupción en ese sector. 

 

En segundo lugar, porque este caso estalla en los sectores estratégicos del Estado: área de acción del vicepresidente Jorge Glas, quien ahora compite por la reelección.

 

Si bien las investigaciones y la Justicia no han involucrado a Glas, el tema se le pone cuesta arriba en el inicio de la campaña electoral, pues Petroecuador, las cuentas off shore y los sectores estratégicos que él maneja, estarán a la orden del día en la campaña de la oposición. 

 

Aquí es donde se volvería totalmente incómoda la consulta sobre el ‘pacto ético’, si la autoriza la Corte Constitucional. Si gana el ‘Sí’, es decir la obligación a futuro para que los funcionarios públicos traigan sus capitales del exterior, el Gobierno no tendrá la fuerza política para celebrar el resultado. Como los escándalos mayores salieron de su seno, el ‘Sí’ bien podría significarle a la Revolución Ciudadana, la necesidad de ser más ágil e implacable en sus investigaciones casa adentro.

 

Si gana el ‘No’, como ya ocurrió en las consultas de Febres Cordero de 1986 y de Durán Ballén de 1995, el voto popular sería de censura al Régimen. 

 

Todo esto, tomando en cuenta que la consulta popular y las elecciones presidenciales se realizarían el mismo día. Si se parte de la hipótesis de que una segunda vuelta ya implica una derrota para Alianza País, el debate político en el que Correa metió a su movimiento con esta consulta popular sería una carga negativa adicional con resultados impredecibles. ¿Cómo desatar el ovillo que el mismo Presidente enredó? Tal vez desde la Corte Constitucional.

 

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