La justicia ya es de todos, ¿en serio?

Cambiar todo para que nada cambie. El gatopardismo es el término que mejor calza en la administración de justicia del Ecuador, en todos sus niveles.

¿De qué ha servido que el pueblo ecuatoriano haya aprobado, en el 2008, la Constitución de Montecristi con un esquema diferente de selección de las autoridades de control, entre ellas el Fiscal General, si un alto funcionario del Gobierno, como Carlos Pareja Yannuzzelli, tiene todo el tiempo del mundo para abandonar el país, antes de que se lo acuse formalmente por un presunto delito de corrupción en Petroecuador? Él está señalado de supuestamente haber recibido un millón de dólares por la asignación de contratos en la petrolera.

En esa red de corrupción, participa Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, quien al momento se encuentra detenido.

Lo que acaba de ocurrir con Pareja Yannuzzelli es muy similar a lo que pasaba con otros peces gordos de la tan denostada partidocracia. César Verduga, polémico ministro de Gobierno de Fabián Alarcón (1997-1998) también logró salir del país, antes de que la justicia ordenara su detención en el caso gastos reservados que se presentó durante el interinazgo.

Volviendo al presente, el fiscal Galo Chiriboga ha justificado la demora con la que actuó su institución, aduciendo que la asistencia penal solicitada tiene sus tiempos y resaltando que lo investigado hasta el momento también corre por cuenta del trabajo de la Fiscalía. Lo cierto es que más allá de estas explicaciones, Pareja Yannuzzelli está fuera del país, aunque Chiriboga prometa abrir un proceso de extradición. Es decir, lo mismo que ocurrió con Pedro Delgado, exgerente del Banco Central, vinculado al caso Duzac, quien también logró salir a Miami (EE.UU.), para asistir a la boda de su hijo sin que la justicia, reformada por la Revolución Ciudadana, lo haya impedido. Delgado se fue del país ante los ojos de su primo, el presidente Rafael Correa.

Cuando el tiempo juega a favor de un funcionario poderoso, cabe preguntarse hasta qué punto las reformas que el Gobierno prometió con la consulta del 2011 lograron una transformación de la justicia para bien. ¿Por qué no hubo un juez que, por ejemplo, ordenara medidas cautelares contra Pareja Yannuzzeli, cuando estalló este caso, para evitar su salida del país?

Esta es una pregunta que a lo mejor ninguna autoridad de la Revolución Ciudadana quiera responder con absoluta sinceridad. Tanto se vanagloria el Gobierno con su mensaje de la supuesta trasformación del país, pero hay casos como estos que se siguen repitiendo de forma tan trágica.