12 nov 2014 , 03:24

Subsecretaría de Educación ratifica confianza en autoridades del colegio Mejía

Las autoridades del colegio Mejía presentaron su renuncia por presiones del ministerio de Educación.

Como "un mal entendido" asumieron las autoridades de Educación la renuncia del rector, vicerrector e inspector general del colegio Mejía. Hoy se reunieron y el ministerio de Educación ofreció el respaldo a las autoridades del colegio. 

 

La subsecretaria de Educación, Francisca Herdoiza, se presentó a primera hora en el Colegio Mejía y se reunió en el rectorado con las principales autoridades de ese plantel, quienes la tarde de este martes presentaron su renuncia por las presiones que estarían recibiendo del ministerio. 

 

En esa reunión, el rector del colegio, Jaime Torres explicó el motivo de la decisión: “El distrito de Educación estaban presionando para que entregue lo más pronto posible los expedientes de los estudiantes que están siguiéndose el debido proceso”.

 

Según el rector, hasta la fecha se han dado las audiencias de 58 estudiantes de los 68 que están suspendidos, por los desmanes en las manifestaciones del 18 de septiembre, y para evacuar los trámites restantes se requeriría unos 15 días más.

 

La subsecretaria escuchó la razón y admitió que su dependencia sí ha exigido esos informes, por eso ratificó la confianza en las autoridades de la institución. “Cuentan con todo el apoyo, no solamente del ministro de Educación, sino de la Subsecretaría de Quito, en este sentido están ratificadas las autoridades”.

 

Una vez que el informe del colegio sea emitido, la Subsecretaría tendrá 15 días adicionales para anunciar si los estudiantes tendrán sanciones disciplinarias.

 

Al rector del colegio Mejía le resta analizar la situación de 10 de los estudiantes sancionados. Mientras en el interior del colegio las autoridades discuten cuánto tiempo tardará el trámite, a las fueras, las madres de los 54 estudiantes del colegio realizan una huelga de hambre para exigir que sus hijos sean reintegrados inmediatamente a clases. 

 

Gonzalo Realpe, abogado de los estudiantes, dijo que la negativa es desacatar una resolución legal: “Estos actos administrativos además de ser ilegales e inconstitucionales, violan los derechos humanos de los jóvenes, como digo el derecho a la educación”.

 

Mientras se resuelve este tema, los alumnos del Mejía permanecen ya más de un mes fuera de sus aulas y reciben tutorías en sus hogares.

 

 

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