Organizaciones rechazan medida sobre venezolanos

Representantes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y Defensoría del Pueblo se pronunciaron sobre la medida del Ejecutivo para endurecer el control de ingreso a los ciudadanos venezolanos. La medida se dispuso luego del asesinato de Diana Carolina R. a manos de un venezolano en Ibarra, el pasado sábado 19 de enero de 2019. 

El vicepresidente Otto Sonnenholzner anunció la decisión el lunes siguiente: "desde hoy y en vista de que el gobierno venezolano separó a su país de la Comunidad Andina, se requerirá para todos sus nacionales la presentación del pasado judicial apostillado", señaló.

El presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Mons. Eugenio Arellano, instó al Estado a combatir la xenofobia y pide a migrantes respetar las leyes locales. "Debemos todos, en el Ecuador, pasar de la mera tolerancia con los demás a un respeto real de sus diferencias y así, transformar el egoísmo en generosidad, el temor en apertura y el rechazo en solidaridad", seña el comunicado de la entidad.

Además, la Conferencia Episcopal pidió "a los inmigrantes que respeten nuestro país que es el territorio que los ha sabido acoger, así como a nuestra gente, nuestras leyes, nuestras culturas y nuestras tradiciones".

Por su parte, Gina Benavides, defensora del Pueblo, exhortó al Gobierno a dejar de lado la medida de pedir el pasado judicial a los ciudadanos venezolanos que quieren ingresar al país. "En cuanto a la decisión del gobierno de exigir el requisito de pasado judicial para el ingreso de personas venezolanas, DPE, considera que esta decisión podría agravar la crisis migratoria, pues ante la dificultad para acceder a este documento se fomentaría la irregularidad migratoria y el riesgo de exploración laboral, trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes".