Los cuerpos normativos han sido trabajados con varias instituciones del Estado.
Este 20 de septiembre de 2018, el Fiscal General del Estado (E), Paúl Pérez, entregó a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, el Proyecto de Ley de Actuación Integral en Casos de Personas Desaparecidas y el Proyecto de Ley Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, para su revisión, análisis y posterior aprobación en el Pleno.
En los casos de desaparición, el proyecto tiene como propósito establecer las actuaciones de las instituciones estatales vinculadas a la protección de los derechos de las personas desaparecidas, ausentes o extraviadas. Además, contempla procedimientos de búsqueda por desaparición de niños, niñas y adolescentes, en casos de desaparición forzada y en desastres naturales.
Un Registro Nacional de Personas Desaparecidas bajo el control y la administración del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es otro de los planteamientos. La Policía Nacional, a través de sus unidades especializadas, entregaría a esta entidad la información respectiva.
Por otro lado, la Ley contra la Delincuencia Organizada busca establecer reglas de investigación, persecusión, sanción y ejecución de penas, por hechos cometidos por grupos delictivos organizados nacionales o transnacionales, que incurran en delitos como el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en alta y gran escala, lavado de activos, delincuencia organizada, terrorismo y su financiación, trata de personas, tráfico ilegal de migrantes, tráfico de armas, municiones y explosivos, sicariato, secuestro y secuestro extorsivo. También, propone "la creación de jueces nacionales para este tipo de criminalidad", dijo Pérez.
Los cuerpos normativos han sido trabajados con varias instituciones del Estado y delegados técnicos, entre ellos la Corte Nacional de Justicia, la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS-T), y el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Según la Fiscalía General del Estado, hasta el 30 de junio de 2018, existen 1.495 casos en investigación de personas desaparecidas a nivel nacional (44% son de sexo femenino y 56% masculino). En esta cifra se consideran los registros existentes desde 1970 al primer semestre de 2018. De ellos, el 56% corresponde a personas adultas; 16% a niños, niñas y adolescentes; 15% son adultos mayores y 13% están en verificación de edad.
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