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Colombianos denuncian discriminación a raíz de operativos contra usura

Redacción

tmenendez

|

Martes 27 de Agosto de 2013 - 17:30
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Un grupo de moradores colombianos del sector de La Florida, al norte de Guayaquil, se sienten amenazados, puesto que a raíz de los operativos efectuados por la Policía Nacional en la zona, contra sospechosos del delito de usura, los vecinos los tratan de forma discriminatoria.
 
Es por eso que una delegación colombiana acudió hasta las instalaciones de la Defensoría del Pueblo a denunciar dicha discriminación de la que se sienten objeto. Andrés Puentes, representante de los hermanos colombianos, detalló que durante estos días han recibido amenazas por parte de sus vecinos, entre ellas de que saben que no tienen documentos en regla, que son chulqueros y hasta los intimidan con que los llevarán a migración.
 
Luis Sánchez, abogado de la Defensoría del Pueblo, explicó que en estos casos procede una denuncia paralela por vulneraciones de los derechos constitucionales, por parte de la fuerza pública.
 
Los colombianos que habitan y tienen negocios en el sector dicen que la actividad ya no es la misma, y que esto les ocasiona pérdidas. Así, Diego Chaparro, dueño de un taller de motos, indicó que antes un trabajador ganaba entre 100 y 120 dólares semanales, pero que la semana pasada su ingreso llegó a 25 dólares.
 
En tanto, los familiares de las personas detenidas por el presunto delito de usura, pedirán una revisión de cada caso.

Un grupo de moradores colombianos del sector de La Florida, al norte de Guayaquil, se sienten amenazados, puesto que a raíz de los operativos efectuados por la Policía Nacional en la zona, contra sospechosos del delito de usura, los vecinos los tratan de forma discriminatoria.

 

Es por eso que una delegación colombiana acudió hasta las instalaciones de la Defensoría del Pueblo a denunciar dicha discriminación de la que se sienten objeto. Andrés Puentes, representante de los hermanos colombianos, detalló que durante estos días han recibido amenazas por parte de sus vecinos, entre ellas de que saben que no tienen documentos en regla, que son chulqueros y hasta los intimidan con que los llevarán a migración.

 

Luis Sánchez, abogado de la Defensoría del Pueblo, explicó que en estos casos procede una denuncia paralela por vulneraciones de los derechos constitucionales, por parte de la fuerza pública.

 

Los colombianos que habitan y tienen negocios en el sector dicen que la actividad ya no es la misma, y que esto les ocasiona pérdidas. Así, Diego Chaparro, dueño de un taller de motos, indicó que antes un trabajador ganaba entre 100 y 120 dólares semanales, pero que la semana pasada su ingreso llegó a 25 dólares.

 

En tanto, los familiares de las personas detenidas por el presunto delito de usura, pedirán una revisión de cada caso.

 

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