15 mar 2018 , 02:40

Red de corrupción modificaba el sistema de la ANT

Se investiga la entrega ilegal de licencias y la eliminación de infracciones y multas.

Un sofisticado aparataje de corrupción permitía el acceso al sistema con el que se maneja la base de datos de la Agencia Nacional de Tránsito. Gracias a este mecanismo se extendieron miles de licencias, se modificaron puntos, infracciones y multas, entre otros trámites. 

 

En diciembre pasado se realizó un operativo en el que fueron detenidas 52 personas, se allanó la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y se bloqueó su sistema informático por un día.

 

Esta semana tambien  se realizó una acción similar en Guayaquil. Así se desarticulaba una red delictiva que usaba la base de datos de la institución para ofrecer la venta de licencias, puntos, matrículas y de eliminación de infracciones y multas.

 

Lo que fue posible por la vulnerabilidad del sistema electrónico de la ANT. Su director, Pablo Calle, dio a conocer que 2.230 personas, de varias partes del país, tenían acceso sin control al sistema y podían modificar las bases de datos. De ellos 1.160 aún no están identificados.

 

Solo entre diciembre y enero se otorgaron 16.000 licencias ilegales, de ellas, más de 4000 fueron licencias profesionales. También se eliminaron casi 15 mil infracciones y se modificaron cerca de 27 mil puntos de licencias.

 

Si bien por el momento el sistema permite que personal autorizado de municipios y de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) ingresen, estos tienen hasta la próxima semana para validar los listados de los funcionarios que podrán tener acceso, de lo contrario, serán bloqueados el 19 de marzo. hasta la fecha, 18 municipios no han validado a sus usuarios autorizados.

 

Ante las irregularidades detectadas, la ANT implementó sistemas electrónicos de control y auditoría, empezó a anular las licencias ilegales y denunció el caso en la Fiscalía.

 

Según el Código Penal, tanto los autores de la falsificación, como quienes han empleado sus servicios, podrán ser sancionados con penas que llegan hasta los siete años de cárcel.

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