11 ene 2018 , 07:00

Inició la audiencia de juzgamiento en el caso de la clínica ‘La Primavera’

Practicaban intervenciones médicas de alto riesgo sin títulos de cuarto nivel.

Este 10 de enero con la presencia de más de 80 testigos y la asistencia de aproximadamente 200 personas a la sala de audiencias del Complejo Judicial Norte, en Quito, inició la audiencia de juzgamiento en el caso de la clínica ‘La Primavera’.

 

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María Belén Corredores, fiscal especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional el Internacional (FEDOTI) de Pichincha, en su exposición inicial acusó en concurso real por los presuntos delitos de asociación ilícita, ejercicio ilegal de la profesión, engaño al consumidor y expendio de medicina caducada, a los esposos Diego A. y Liliana R.; a Guillermo T. y también a la persona jurídica clinica ‘La Primavera’, institución representada por Liliana R.

 

Para sustentar su acusación la fiscal del caso basó su teoría en que los tres ciudadanos atendieron partos, cesáreas, preeclamsias, embarazos gemelares, sin poseer el título universitario que acredite su especialidad médica.

 

Es decir, Diego A. ejercía como cirujano obstetra, pero su título es de médico general; en cuanto a Guillermo T., atendía a los recién nacidos como pediatra, pero se graduó de médico general; y, en el caso de Liliana R. atendía como enfermera instrumentista, sin embargo es bachiller.

 

“Practicaban intervenciones médicas de alto riesgo sin títulos de cuarto nivel”, dijo la Fiscal.

 

Asimismo, la clínica no contaba con termocunas, salas y zona de emergencia, convenios con hospitales para derivar pacientes y servicios de ambulancia ofertados en sus mensajes publicitarios. En cuanto al servicio de farmacia, en sus perchas se encontró medicina caducada.

 

“Estas prácticas habrían tenido la finalidad de ganar dinero, para ello habrían ejercido la profesión de forma ilegal, engañaron al consumidor al no contar con los servicios ofertados y esto habría provocado incapacidad en niños y enfermedades en madres que recibieron atención médica en el lugar”, dijo la fiscal.

 

La instrucción fiscal de este caso se abrió el 10 de agosto de 2017, tras el allanamiento realizado a la clínica, ubicada en Cumbayá, diligencia liderada por la Fiscalía Provincial de Pichincha.

 

 

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