Nuevo mecanismo anticorrupción en el IESS tras investigación a Ramiro González

Un total de 469 personas han sido investigadas por casos de corrupción, reveló este 22 de agosto de 2017 el presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Richard Espinosa. De esa cifra, 219 han sido destituidas, 53 detenidas y de estas, 21 fueron sentenciadas.

Tras informar esas cifras, el funcionario anunció un nuevo mecanismo contra la corrupción en la entidad. Espinosa explicó que comprende de 3 ejes: pruebas de confianza, denuncias a través de la nueva línea 1800-IESS y la transmisión en vivo de todos los procesos de contratación.

“60 personas dentro del IESS se han sometido a este test periódico a los funcionarios que hacen contratación pública, y más de 600 personas se someterán a las pruebas de confianza a escala nacional.... Se aprobó un instructivo en el que se establece que ningún funcionario se puede reunir con un proveedor fuera de las salas adecuadas para estos fines. Esto es causal de destitución”, dijo el representante del Ejecutivo ante el IESS.

Indicó que entre los casos de corrupción se detectó, por ejemplo, venta de puestos en la institución. El anuncio surge cuatro días después de los operativos realizados por la Fiscalía al exdirectivo del IESS y exministro de Industrias, Ramiro González, a quien se lo investiga por el delito de defraudación tributaria. 

Espinosa recordó que en noviembre de 2015 denunció casos de corrupción durante la administración de González. “Visité al menos en tres ocasiones al anterior fiscal para brindarle las facilidades del caso, hoy vemos que con el nuevo fiscal las cosas se están acelerando... (González) tendrá que demostrar de dónde sacó la plata, las investigaciones continúan y se tendrá que hacer justicia. Ahorita es un prófugo de la justicia”.

De allí que dijo que de las 420 auditorías que realizó la Contraloría en el Seguro Social, muchas de ellas pertenecen al periodo de la administración Ramiro González, y que más de una decena tiene que ver con indicios de responsabilidad penal.

Según un comunicado de la Fiscalía, informes presentados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) señalan que González recibió acreditaciones por $2'217.399, entre 2012 y 2016. Esto, mientras que sus declaraciones presentadas reflejan un valor de $391.168, por lo que se determina un valor no justificado de $1'826.230.

A su nombre constan, además, bienes ubicados en las provincias de Pichincha, Esmeraldas y Manabí.