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Gobierno planteará nulidad de condena a pagar $380 millones a Burlington
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La Procuraduría rechazó la sentencia al considerar que tiene
La Procuraduría rechazó la sentencia al considerar que tiene "falta de motivación".
Ecuador planteará la nulidad de un arbitraje internacional que le condenó a pagar casi $380 millones a la petrolera estadounidense Burlington, cuyo contrato fue dado por terminado en 2010, indicó el jueves la Procuraduría ecuatoriana.
El Estado rechazará decisiones de un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), adscrito al Banco Mundial (BM), debido a que "incurren en algunas de las causales de anulación previstas" en ese organismo, señaló la Procuraduría en un comunicado.
Entre esas causales citó un "manifiesto exceso de poder, falta de motivación de las decisiones adoptadas, además de quebrantamiento de las normas de procedimiento en perjuicio de los intereses del Estado ecuatoriano".
El martes, el CIADI emitió su laudo final en el que desestimó la cifra de $1.515,6 millones que solicitaba Burlington, que en 2008 demandó a Ecuador en rechazo a una ley que estableció el pago obligatorio al Estado de un porcentaje de las ganancias extraordinarias generadas por el aumento del precio del petróleo.
Burlington y su socia anglofrancesa Perenco, que en conjunto explotaban dos bloques en la Amazonia, fueron acusadas por Quito en 2009 de abandonar sus operaciones en el país y se declaró en 2010 la caducidad de los contratos que les permitían extraer 21.365 barriles por día (b/d) de crudo.
La Procuraduría indicó que el laudo del CIADI estableció en alrededor de $380 millones más intereses la compensación para Burlington, la cual a su vez deberá pagar a Ecuador casi $42 millones por daños ambientales.
El país introdujo contrademandas en el mismo caso por daños ambientales y reparaciones a la infraestructura petrolera por valor de $504 millones.
En 2015, un tribunal, también del CIADI, condenó a Ecuador a pagar algo más de $1.000 millones a la estadounidense Oxy (Occidental) por la caducidad de su contrato en 2006 mediante el cual explotaba unos 100.000 b/d, a raíz de la venta sin autorización de 40% de las acciones de la canadiense Encana en 2000, según Quito.
El gobierno del presidente Rafael Correa impulsa desde hace años la creación de tribunales regionales de arbitraje al considerar que el CIADI falla siempre en favor de los grandes capitales.
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