28 nov 2016 , 07:44

Protesta en Yaguachi por paralización de obra vial

La autoridad cantonal pidió también que se exonere del pago del peaje a habitantes.

Un grupo de habitantes del cantón Yaguachi protestó por la paralización de una obra vial de segundo orden que bordeaba el peaje de entrada a la ciudad. Este camino lastrado se usó durante dos semanas por conductores particulares para evitar el pago de la tasa vial, que permitía la entrada y salida de la localidad.

 

La medida fue ejecutada por el departamento de Gestión Ambiental de la Prefectura, que justificó el cierre del paso, debido a que la construcción causa “impacto ambiental”. La Policía llegó al sitio para brindar seguridad a los empleados de la Prefectura, ya que los residentes querían evitar el cierre de la obra.

 

Durante los incidentes, comisarios municipales en compañía del alcalde de Yaguachi, Daniel Avecilla, clausuraron las casetas de cobro del peaje, aduciendo que carecían de permiso de suelo al encontrarse en zona urbana.

 

Según declaraciones emitidas el 28 de noviembre de 2016 por el edil, la medida es un “absurdo”.

 

“Nosotros hemos pedido a la concesionaria que exonere el pago del peaje. En ninguna otra ciudad hay cuatro estaciones de peaje y aquí en Yaguachi la tenemos”, afirma Avecilla en un video colgado a la página de Facebook del GAD de Yaguachi.

 

La autoridad propone la exoneración del rubro e indicó que el año 2015 se aplicó la exención a propietarios de vehículos residentes en el cantón.

 

Por su parte, el encargado de la Unidad de Concesiones de la Prefectura, Luis Crespo, indicó que no existe el presupuesto para excluir del pago a quienes viven en el sitio, y señaló que lo actuado por el alcalde carece de legalidad y se pueden iniciar acciones penales contra las autoridades del cantón.

 

En ocho días, Avecilla deberá asistir a la Dirección de Gestión Ambiental para determinar la extensión de terreno afectado por los trabajos realizados sin los permisos ambientales correspondientes.

 

Según datos de la Unidad de la Prefectura, la evasión del pago representaría una pérdida de USD 70 mil a la empresa encargada de la concesión vial que, según Crespo, afectaría al mantenimiento de la carretera y al servicio de grúas y ambulancias que se brinda a los conductores.

 

Este tema será expuesto en el Concejo Provincial para decidir que tipo de sanciones se aplicarían a las autoridades del cantón, o en caso contrario, si se exonera del pago a los habitantes.

 

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