14 sep 2014 , 02:27

Argentina ratifica que pagará próximo vencimiento bajo nueva ley de pago

El vencimiento del 30 de septiembre es por unos 200 millones de dólares correspondientes al 2005.

Argentina pagará un nuevo vencimiento de su deuda soberana el 30 de septiembre bajo la nueva ley de pagos que habilita más ventanillas para evitar bloqueos judiciales como el vigente en Nueva York, dijo este domingo el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof.

 

"Con la ley de pago soberano hemos asegurado que en el próximo vencimiento, a fin de septiembre, ahora en unos días, vamos a estar de nuevo pagando, con lo cual no van a poder hablar de default", afirmó el funcionario a la radio Nacional Rock.

 

El vencimiento del 30 de septiembre es por unos 200 millones de dólares correspondientes a los canjes de deuda de 2005 y 2010 al que se plegaron el 93% de los acreedores con quitas de hasta el 70% sobre el valor nominal de los bonos que cayeron en default en 2001.

 

El Congreso argentino aprobó la semana pasada una ley para cambiar el lugar de cobro de Nueva York a Buenos Aires, París o donde prefieran sus acreedores a fin de evitar el bloqueo de fondos en Estados Unidos como el vigente sobre 539 millones de dólares por orden del juez de Nueva York Thomas Griesa, en el marco de un litigio con fondos especulativos que rechazaron los canjes y representan el 1% de los acreedores.

 

Debido al bloqueo, el país es considerado por agencias calificadoras en "default selectivo" desde el 30 de julio último.

 

"Este es un default inventado por Griesa", afirmó Kicillof.

 

El juez dictaminó que Argentina debía abonar 100% de los 1.330 millones de dólares reclamados por los fondos especulativos.

 

"Trataron de instalar que el problema era que Argentina no quería negociar, que no quería pagar. Todo eso es mentira, tenemos los instrumentos que nos ha dado el Parlamento para seguir pagando", dijo el ministro.

 

Argentina había rechazado acatar el fallo de Griesa alegando que ello desataría millonarias demandas del resto de los acreedores en virtud de la llamada cláusula RUFO (por su sigla en inglés) que le prohíbe al gobierno ofrecer mejores condiciones de pago que las pautadas en el canje, cláusula que vence el 31 de diciembre próximo.

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