Ucrania acepta competencia de CPI sobre posibles delitos cometidos en crisis

Ucrania ha aceptado la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los posibles delitos contra los derechos humanos que se habrían cometido entre el 21 de noviembre de 2013 y el 22 de febrero de 2014, informó hoy el alto tribunal de la ONU.

El registro de la Corte "recibió hoy una declaración de Ucrania en la que acepta la competencia de la CPI por los delitos que podrían haberse cometido en su territorio" entre esas fechas y que a partir de ahora podrán ser investigados por esa alta instancia jurídica.

Las protestas contra el Gobierno del presidente Víktor Yanukóvich, ahora depuesto y refugiado en Rusia, y los enfrentamientos entre prorrusos y proeuropeos comenzaron a finales de noviembre pasado, y desde entonces se produjeron actos de violencia y de violación de los derechos humanos por parte de ambos bandos.

Activistas de derechos humanos tanto ucranianos y occidentales como prorrusos y rusos han denunciado ataques a las libertades básicas, como las de asociación, expresión o de los medios de comunicación.

La CPI, que tiene su sede en La Haya, explicó en un comunicado que la declaración se ha depositado en base al artículo 12 del Estatuto de Roma, el tratado fundador de este alto tribunal, que "permite a un Estado que no forma parte del estatuto aceptar las competencias de la Corte".

El responsable del Registro de la Corte, Herman von Hebel, informó al Gobierno de Kíev de que su decisión supone que "a partir de ahora la CPI tiene competencias respecto a los posibles delitos que pudieran haberse cometido en el contexto de esa situación".

También indicó que a partir de ahora igualmente se le podrán aplicar las disposiciones del Estatuto de Roma relativas a la cooperación internacional y a la asistencia jurídica.

"La declaración (de Ucrania) se ha enviado a la oficina del Fiscal de la CPI para su consideración", señaló el organismo en su comunicado.

Igualmente aclaró que "la aceptación de las competencias de la CPI no suponen la apertura automática de una investigación".

Corresponde ahora a la Fiscalía de la CPI decidir "si pedirá o no autorización a los jueces para abrir una investigación", siempre que el fiscal del alto tribunal concluya que tiene una base razonable para iniciar esas pesquisas con las informaciones a su disposición.

"En el caso de que se abriera una investigación, también corresponde al fiscal decidir sobre la base de las pruebas recogidas si pide o no a los jueces de la CPI que emitan órdenes de detención o citaciones para la comparecencia de las sospechosos" de haber cometido esos delitos.

La CPI, cuyo tratado fundador ha sido firmado por 122 países, es una jurisdicción permanente e independiente que juzga a las personas acusadas de graves delitos contra la comunidad internacional, como el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra o de agresión.