08 may 2017 , 06:33

Venezuela: bloquean marcha en rechazo a constituyente

Según la oposición venezolana, 67 civiles fueron presentados en los tribunales militares.

Los manifestantes no lograron el lunes 8 de mayo de 2017 su cometido de entregar un documento en rechazo a la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro porque centenares policías los dispersaron con gases lacrimógenos cuando intentaban marchar hacia el centro de Caracas.

 

Las autoridades, con equipos antimotines, formaron un cordón para bloquearle el paso a los miles de opositores que sostenían carteles en los que se leía "Ninguna Constituyente, elecciones ya". Los manifestantes pretendían entregar el petitorio al presidente de la comisión presidencial del proceso constituyente y ministro de Educación, Elías Jaua. Poco después, miles de opositores se movilizaron hacia la principal autopista de la capital, donde la guardia nacional volvió a encararlos con gases.

 

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Maduro acudió a mediados de la semana pasada al Consejo Nacional Electoral para presentar la convocatoria de un proceso para reformar la constitución, lo que desencadenó nuevas protestas.

 

Desde que se iniciaron las marchas hace casi mes y medio, los cuerpos de seguridad han bloqueado todas las movilizaciones opositoras al centro de la capital, donde está la sede del gobierno y algunos ministerios. En algunas ciudades del interior también se realizaron movilizaciones contra el proceso constituyente que los cuerpos de seguridad despejaron.

 

También el lunes 8 de mayo, la coalición opositora descartó la posibilidad de participar en la convocatoria de la Asamblea Constituyente, la cual fue considerada como “ilegítima” e “inconstitucional”, y acusó a Maduro de utilizar el proceso para “eludir” los comicios y distraer la atención de los venezolanos de la crisis que enfrenta el país. “Los venezolanos no queremos cambiar la Constitución, lo que queremos es por medio de elecciones libres, universales, directas y secretas cambiar al gobierno”, señala un comunicado que dirigió la alianza a Jaua.

 

El vicepresidente del partido oficialista, diputado Diosdado Cabello, ratificó que el proceso constituyente seguirá adelante a pesar de las protestas de los opositores y dijo, ante cientos de seguidores en el cetro de la capital, que “no hay forma ni manera que la revolución muera, no hay forma ni manera que la derecha vuelva al poder”.

 

La iniciativa de Maduro para reformar la constitución ha generado controversia incluso en el oficialismo. El diputado Eustoquio Contreras dijo que aunque respeta la convocatoria no la comparte políticamente. Contreras indicó en una entrevista con el portal de internet El Pitazo, que no estaba de acuerdo con modificar la constitución que impulsó en 1999 el fallecido presidente Hugo Chávez y planteó que el oficialismo corre el "riesgo innecesario" de perder la consulta electoral del nuevo texto constitucional, tal como ocurrió en los comicios legislativos de 2015 cuando el Congreso quedó en manos de la oposición.

 

El diputado es la segunda figura vinculada al oficialismo que se distancia de Maduro en medio de esta crisis. Desde finales de marzo, la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien era identificada como cercana al oficialismo, ha hecho algunos cuestionamientos a las autoridades judiciales y al gobierno. La comisión presidencial se reunió el lunes en el palacio de gobierno con pequeñas organizaciones políticas

 

Las protestas que se iniciaron a fines de marzo han dejado al menos 38 muertos, más de 700 heridos y centenares de detenidos.

 

La coalición opositora y algunas organizaciones humanitarias acusaron a las autoridades de violar la ley al pasar a varias decenas de detenidos civiles a la justicia militar y amenazaron con llevar los casos a instancias internacionales.

 

El diputado opositor Juan Miguel Matheus dijo a The Associated Press que 67 civiles fueron presentados en las últimas horas en los tribunales militares de los estados de Carabobo, Zulia y Falcón, donde se les dictó medida de arresto y fueron imputados del delito de "instigación a la rebelión". La legislación venezolana establece que los civiles deben ser juzgados por tribunales civiles.

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