Caso Petrobras: fiscales amenazan con renunciar

Los fiscales que investigan la red de corrupción en Petrobras amenazaron el miércoles 30 de noviembre de 2016 con renunciar y acusaron al Congreso de impulsar leyes para ahogar el caso, intensificando una guerra de poderes que tiene en vilo a la democracia brasileña.
 

La Cámara de Diputados aprobó en plena madrugada una iniciativa que permite acusar a jueces y fiscales de abuso de autoridad. Para los fiscales, ese proyecto representa "el comienzo del fin de Lava Jato" (lavadero de autos), como se conoce a la investigación que reveló una confabulación entre empresarios y partidos para financiar la política y acrecentar fortunas personales mediante subastas ilícitas de obras en la petrolera.
 

"Nuestra propuesta es la de renunciar colectivamente en caso de que esa propuesta sea sancionada por el presidente" Michel Temer, dijo el fiscal Carlos dos Santos Lima en una conferencia de prensa en Curitiba (sur).
 

Irónicamente, el proyecto de ley que obtuvo media sanción el miércoles surgió de una iniciativa de los propios fiscales y contó con el respaldo de más de dos millones de firmas.
 

Pero los legisladores alteraron drásticamente su contenido y agregaron una enmienda que permite acusar a procuradores y jueces de "abuso de autoridad".
 

Los fiscales consideraron que se trata de una "ley de intimidación", elaborada por un cuerpo que tiene entre sus miembros a decenas de sospechosos de corrupción y muchos de ellos bajo el foco de la "Operación Lava Jato".
 

"El avance de propuestas como la ley de intimidación instaura una dictadura de la corrupción, un estado de tiranía en que el nuevo poder se ejerce fuera de los límites transferidos por el pueblo", declaró el jefe de los fiscales, Deltan Dallagnol.
 

Tensión en alza

La presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lucia, y el procurador de la República, Rodrigo Janot, se sumaron al reclamo de lo que ya es una batalla pública entre poderes.

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Pero para Thiago Bottino, profesor de derecho penal de la privada Fundación Getulio Vargas, "es una amenaza difícil de ser cumplida. El Ministerio Público es una institución independiente de la persona (...). Esta reacción emocional no es la mejor forma de convencer a los diputados de que la ley no debería ser aprobada", dijo a la AFP.
 

El enfrentamiento tendrá un nuevo capítulo el jueves cuando el STF decida si acepta una denuncia contra el presidente del Senado, Renan Calheiros, que promueve varias iniciativas para regular la acción del Poder Judicial.  
 

El caso está bajo secreto del sumario y su juzgamiento estará precedido de un acto de magistrados federales en reclamo de lo que consideran el avance de un poder sobre otro.
 

Se produce además en vísperas de la firma de un acuerdo de "delación premiada" entre la Justicia y la constructora Odebrecht, la más implicada en el escándalo de Petrobras, para obtener el testimonio de más de 70 ejecutivos a cambio de una reducción en sus eventuales condenas.
 

La confesión masiva del grupo de ingeniería pondría sobre la mesa muchos nombres nuevos y según medios locales afectaría a un centenar de políticos, mayormente por la práctica de la llamada caja 2 de financiación ilegal de campañas electorales.
 

"La aprobación de la ley de intimidación ocurre en momentos en que Lava Jato está cada vez más cerca de (probar) crímenes de corrupción practicados por un número significativo de legisladores influyentes. El mismo espíritu que estableció la propuesta de autoamnistía, condujo a la intimidación de fiscales y jueces", dijo Dallagnol.

"No existe más"

La semana pasada las bancadas oficialistas habían articulado un intento de amnistiar los delitos de Caja 2, que suelen usarse para lavar dinero de la corrupción.
 

Pero la indignación provocada por esa tentativa llevó al presidente conservador Michel Temer a advertir que vetaría esa ley.
 

"Un resumen honesto de la votación en la Cámara de Diputados deberá registrar que lo mejor del proyecto fue excluido y se incluyeron medidas claras de represalia", escribió en una nota el procurador general Janot, a cargo de investigar a los funcionarios protegidos por fueros especiales.
 

"El proyecto [inicial] no existe más", sentenció.
 

El caso Petrobras es considerado el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil y le ha costado a la petrolera que fue sinónimo de futuro más de 2.000 millones de dólares en pérdidas.