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Memoria de los 43 estudiantes desaparecidos abandera boicot electoral en México

Redacción

gpinasco

|

Domingo 07 de Junio de 2015 - 18:00
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  • Los simpatizantes del boicot parecían estar cerca de su cometido hacia el mediodía, con 28 casillas electorales quemadas o clausuradas. Fotos: AFP.
Video: Los simpatizantes del boicot parecían estar cerca de su cometido hacia el mediodía, con 28 casillas electorales quemadas o clausuradas. Fotos: AFP.
"Mientras no nos entreguen a nuestros hijos no habrá elecciones", clamaba este domingo el padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México al participar de un movimiento de boicot que busca suspender los comicios regionales y legislativos en el pueblo de Tixtla.
 
Desde muy temprano, camionetas cargadas de guardias comunitarios armados, estudiantes encapuchados y padres de los estudiantes desaparecidos irrumpieron en Tixtla, un poblado de unos 40.000 habitantes anidado entre las agrestes montañas del estado de Guerrero.
 
La misión del convoy era sitiar la entrada al pueblo con barricadas y objetos a los que prendían fuego, sustraer y quemar cuantas boletas electorales fuera posible e impedir a toda costa el funcionamiento de las pocas casillas electorales que osaron abrir sus puertas para las elecciones locales y legislativas.
 
"No tenemos más boletas", dijo una resignada funcionaria electoral mientras entregaba sin oponer resistencia la papelería de su casilla.
 
Iris Portillo, presidenta de otra casilla que aún no había sido avistada por los manifestantes, aseguró que hay mucha gente "exigiendo su derecho de votar".
 
Guerrero se ha convertido en un polvorín desde la desaparición en septiembre de los 43 jóvenes, quienes estudiaban en una beligerante escuela de magisterio en la vecina comunidad de Ayotzinapa. Muchos de ellos tenían sus hogares precisamente en la cercana Tixtla.
 
Desde entonces, los padres y compañeros de los estudiantes claman justicia y rechazan vehementemente la versión oficial de que, tras ser atacados por policías corruptos en Iguala (Guerrero, sur), todos los jóvenes fueron masacrados y sus restos incinerados.
 
Tixtla entre dos fuegos
Los simpatizantes del boicot parecían estar cerca de su cometido hacia el mediodía, con 28 casillas electorales quemadas o clausuradas de las 54 previstas en Tixtla, y la autoridad electoral de Guerrero reportando que se suspendían los comicios en esa localidad.
 
"El triunfo será hasta tener a nuestros hijos", dijo a la AFP Epifanio Álvarez, padre de uno de los jóvenes, quien estima que "de todas formas se iba a anular la elección porque la gente de Tixtla no está de acuerdo con los políticos que quieren gobernar".
 
Algunos pobladores efectivamente mostraron su apoyo al movimiento, como un agricultor de 48 años. "Es el dolor de los padres, estoy de acuerdo con ellos", dijo a la AFP bajo anonimato. 
 
Pero el cierre de los centros de votación en el pueblo también recibió resistencia. Cientos de vecinos salieron a defender las casillas de Tixtla con palos y se enfrentaron a piedrazos con los guardias comunitarios, aliados de los padres.
 
El sobrevuelo de un helicóptero de la Policía Federal acrecentó la tensión en la zona pero ningún uniformado patrulló las calles de Tixtla, pese al fuerte despliegue de tropas militares y policiales que envió el gobierno federal.
 
"¡Vengan!, ¡Bajen!", gritaban los pobladores, agitando los brazos y con la mirada fija en el helicóptero policial.
 
"Ya no queremos Ayotzi-narcos", rezaba un letrero que los pobladores colocaron en una de las casillas.
 
Crimen con implicaciones políticas 
Guerrero y otras zonas de México fueron escenario a finales del año pasado de inéditas marchas que exigían justicia y el hallazgo con vida de los jóvenes estudiantes. Después, los desesperados padres empezaron a amenazar con un boicot electoral si el gobierno no rectificaba su versión oficial sobre el crimen y reactivaba la búsqueda.
 
La fiscalía general concluyó, con base en la identificación de los restos de uno de los jóvenes y testimonios de un centenar de detenidos, que los estudiantes fueron atacados en Iguala por policías locales que actuaron bajo las órdenes del entonces alcalde de esa localidad, José Luis Abarca, actualmente preso. 
 
Esta versión señala que los jóvenes fueron entregados a sicarios del cártel Guerreros Unidos, quienes, creyendo que entre los estudiantes habían miembros de una banda enemiga, decidieron asesinarlos, quemar sus restos y tirarlos en un río aledaño.
 
El trágico caso, que cimbró a México y la comunidad internacional, provocó la caída de Ángel Aguirre, entonces gobernador de Guerrero por el izquierdista PRD (Partido de la Revolución Democrática), cuyo sucesor saldrá de los comicios de este domingo.
 
Guerrero también debe renovar todas sus alcaldías, incluyendo la de Iguala. Pero el movimiento de boicot puja fuerte, con el acérrimo apoyo de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE), la facción disidente y radical del sindicato nacional de docentes que ha protagonizado las más agresivas protestas contra el gobierno de Enrique Peña Nieto.

"Mientras no nos entreguen a nuestros hijos no habrá elecciones", clamaba este domingo el padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México al participar de un movimiento de boicot que busca suspender los comicios regionales y legislativos en el pueblo de Tixtla.

 

Desde muy temprano, camionetas cargadas de guardias comunitarios armados, estudiantes encapuchados y padres de los estudiantes desaparecidos irrumpieron en Tixtla, un poblado de unos 40.000 habitantes anidado entre las agrestes montañas del estado de Guerrero.

 

La misión del convoy era sitiar la entrada al pueblo con barricadas y objetos a los que prendían fuego, sustraer y quemar cuantas boletas electorales fuera posible e impedir a toda costa el funcionamiento de las pocas casillas electorales que osaron abrir sus puertas para las elecciones locales y legislativas.

 

"No tenemos más boletas", dijo una resignada funcionaria electoral mientras entregaba sin oponer resistencia la papelería de su casilla.

 

Iris Portillo, presidenta de otra casilla que aún no había sido avistada por los manifestantes, aseguró que hay mucha gente "exigiendo su derecho de votar".

 

Guerrero se ha convertido en un polvorín desde la desaparición en septiembre de los 43 jóvenes, quienes estudiaban en una beligerante escuela de magisterio en la vecina comunidad de Ayotzinapa. Muchos de ellos tenían sus hogares precisamente en la cercana Tixtla.

 

Desde entonces, los padres y compañeros de los estudiantes claman justicia y rechazan vehementemente la versión oficial de que, tras ser atacados por policías corruptos en Iguala (Guerrero, sur), todos los jóvenes fueron masacrados y sus restos incinerados.

 

Tixtla entre dos fuegos

Los simpatizantes del boicot parecían estar cerca de su cometido hacia el mediodía, con 28 casillas electorales quemadas o clausuradas de las 54 previstas en Tixtla, y la autoridad electoral de Guerrero reportando que se suspendían los comicios en esa localidad.

 

"El triunfo será hasta tener a nuestros hijos", dijo a la AFP Epifanio Álvarez, padre de uno de los jóvenes, quien estima que "de todas formas se iba a anular la elección porque la gente de Tixtla no está de acuerdo con los políticos que quieren gobernar".

 

Algunos pobladores efectivamente mostraron su apoyo al movimiento, como un agricultor de 48 años. "Es el dolor de los padres, estoy de acuerdo con ellos", dijo a la AFP bajo anonimato. 

 

Pero el cierre de los centros de votación en el pueblo también recibió resistencia. Cientos de vecinos salieron a defender las casillas de Tixtla con palos y se enfrentaron a piedrazos con los guardias comunitarios, aliados de los padres.

 

El sobrevuelo de un helicóptero de la Policía Federal acrecentó la tensión en la zona pero ningún uniformado patrulló las calles de Tixtla, pese al fuerte despliegue de tropas militares y policiales que envió el gobierno federal.

 

"¡Vengan!, ¡Bajen!", gritaban los pobladores, agitando los brazos y con la mirada fija en el helicóptero policial.

 

"Ya no queremos Ayotzi-narcos", rezaba un letrero que los pobladores colocaron en una de las casillas.

 

Crimen con implicaciones políticas 

Guerrero y otras zonas de México fueron escenario a finales del año pasado de inéditas marchas que exigían justicia y el hallazgo con vida de los jóvenes estudiantes. Después, los desesperados padres empezaron a amenazar con un boicot electoral si el gobierno no rectificaba su versión oficial sobre el crimen y reactivaba la búsqueda.

 

La fiscalía general concluyó, con base en la identificación de los restos de uno de los jóvenes y testimonios de un centenar de detenidos, que los estudiantes fueron atacados en Iguala por policías locales que actuaron bajo las órdenes del entonces alcalde de esa localidad, José Luis Abarca, actualmente preso. 

 

Esta versión señala que los jóvenes fueron entregados a sicarios del cártel Guerreros Unidos, quienes, creyendo que entre los estudiantes habían miembros de una banda enemiga, decidieron asesinarlos, quemar sus restos y tirarlos en un río aledaño.

 

El trágico caso, que cimbró a México y la comunidad internacional, provocó la caída de Ángel Aguirre, entonces gobernador de Guerrero por el izquierdista PRD (Partido de la Revolución Democrática), cuyo sucesor saldrá de los comicios de este domingo.

 

Guerrero también debe renovar todas sus alcaldías, incluyendo la de Iguala. Pero el movimiento de boicot puja fuerte, con el acérrimo apoyo de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE), la facción disidente y radical del sindicato nacional de docentes que ha protagonizado las más agresivas protestas contra el gobierno de Enrique Peña Nieto.

 

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