Rafael Correa es señalado como responsable penal por manejo de la deuda pública

El contralor general subrogante del Estado, Pablo Celi, remitió a la Fiscalía General del Estado un nuevo informe de la deuda pública y apuntó responsabilidad penal contra el expresidente de la República, Rafael Correa, y varios exministros de Estado y funcionarios. 

"Contiene observaciones que involucran a un conjunto de funcionarios, entre otros, al expresidente de la República, a exministros de Economía y Finanzas, al exministro Coordinador de Política Económica, a la Secretaría Nacional de Planificación, a gerentes generales del Banco Central", manifestó Celi, en rueda de prensa, este 9 de julio de 2018.

Se trata de un informe de deuda sobre el examen especial realizado a la emisión, colocación, pago y canje de Certificados de Tesorería (Cetes). La auditoría se efectuó en el Ministerio de Economía y Finanzas y entidades relacionadas, entre el 1 de enero de 2016 y 31 de diciembre de 2017, y fue aprobado el 4 de julio de 2018.

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Según el documento, se colocaron los Cetes por $2,9 millones en 2016 y $17,1 millones en 2017, en plazos mayores a los permitidos en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que finalmente "no generaro ingresos para la caja fiscal".

Asimismo, afirma que "la documentación relacionada con la colocación de los Cetes fue declarada como secreta".

La reacción del exmandatario no se ha hecho esperar y se pronunció en su cuenta de Twitter:

Sigue el payaso y la payasada. ¿Hasta cuándo aguantará esto el pueblo ecuatoriano?
¿Por qué la prensa no comienza pidiendo el nombramiento legal del “contralor”?
Todo es cuestión de tiempo. https://t.co/ytELAN1aTS

— Rafael Correa (@MashiRafael) 9 de julio de 2018

El 9 de abril de 2018, la Contraloría concluyó en el examen especial al manejo de la deuda pública, que entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017, a través del Decreto Ejecutivo 1218, suscrito por Correa, se "rebajó artificialmente" el nivel de endeudamiento cuando este se encontraba cerca del límite legal permitido (40% del PIB). De allí que determinó diversos niveles de responsabilidad penal contra el exmandatarios y exministros de Economía y Finanzas.

Con base en este informe, la Fiscalía General de Estado abrió, el 18 de abril de 2018, una investigación penal en contra de varios servidores públicos, entre ellos Rafael Correa.