06 dic 2016 , 11:21

Asambleísta Donoso y exministro Espinosa confrontan criterios por la Ley de Plusvalía

El CAL tramitaría este miércoles el proyecto, que ingresó como económico urgente.

El proyecto de ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, más conocido como la Ley de Plusvalía, desestimulará a los amigos de los alcaldes que tienen información privilegiada", dijo Augusto Espinosa, exministro de Educación y candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Alianza PAIS.

 

Durante su entrevista en el programa Contacto Directo, el exfuncionario defendió la propuesta del Ejecutivo, argumentando que la educación, la ciencia, la tecnología y la salud se financian con los impuestos que se recaudan. "Cuando se habla de política tributaria también se debe hablar de política social, una contracción de impuestos afecta -precisamente- estos beneficios sociales que se han venido adquiriendo".

 

 

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"Necesitamos recursos y necesitamos inversión pública para crear un ambiente que genere competitividad para que permita fortalecer nuestra actividad económica, y a eso se lo conoce en el mundo de la economía como competitividad sistémica", agregó Espinosa.

 

En tanto, Patricio Donoso, asambleísta del movimiento Creo, calificó a la norma de "absolutamente confiscatoria". "Nadie es tan tonto para comprar un bien que va a bajar de precio, la gente compra un bien con la ilusión de que suba de precio, como mecanismo de ahorro de la familia ecuatoriana".

 

Insistió en que de ser aprobada esta ley, será derogada en el gobierno de Guillermo Lasso, en caso de ganar los comicios de febrero de 2017.

 

Para el legislador, esta ley, a más de ser confiscatoria, “mata el empleo, mata los sueños de la ciudadanía, y al final del día contrae la actividad en el sector de la construcción que genera miles de trabajo”.

 

Se conoce que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) tramitaría el proyecto este 7 de diciembre de 2016, para asignar la comisión que revisará y elaborará el informe para el primer y segundo debate, respectivamente. La propuesta del Ejecutivo ingresó a la Asamblea Nacional el 1 de diciembre de 2016, con el carácter de urgente en materia económica.  

 

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