12 ago 2014 , 09:46

Gina Godoy: En caso de riesgo a pueblo no contactado, la explotación (Yasuní) se paralizaría

La asambleísta de Alianza PAIS dialogó esta mañana en Contacto Directo sobre el Código Penal.

La asambleísta de Alianza PAIS y vicepresidenta de la Comisión Legislativa de Justicia, Gina Godoy, destacó esta mañana en Contacto Directo los aportes del Código Integral Penal a los derechos de la mujer, entre ellos la inclusión del delito por 'femicidio'.

 

“La víctima de violencia contra la mujer tiene una condición particular que la hace mucho más vulnerable y por tanto el Estado tiene que mirar con lupa esa exposición, esa vulnerabilidad para que en el procedimiento esos mecanismos alienten su participación, su declaración, su apoyo a esa investigación para que el estado pueda sancionar a quien se ubica como  responsable del cometimiento de una infracción contra la violencia a las mujeres”.

 

Ante la interrogante de ¿por qué en el Código se aplica penas privativas de libertad, pero se omite el tratamiento psicológico orientado a la eliminación de esas prácticas abusivas? Godoy invitó a leer el artículo que contempla las medidas de protección: “Una de esas es poder disponer al agresor el que reciba la terapia o el apoyo psicológico, identificando también que estas son medidas de protección para las víctimas y para los miembros del núcleo familiar que pudieran estar siendo víctimas de esta práctica violenta, identificando que si el agresor incumple con esta medida dictada por la autoridad judicial, hay una consecuencia: de incumplir con el tratamiento que el juez ordena, esta agresor puede estar sujeto a un nuevo proceso judicial”.

 

Sobre si sería o no aplicable un “etnocidio” en caso de que se afecte a una comunidad no contactada durante la explotación petrolera del Yasuní, la asambleísta aclaró: “Cuando la Asamblea Nacional tuvo la oportunidad de debatir sobre la autorización para la explotación del bloque 31, anotamos de manera expresa que si en algún momento se producía algún hallazgo que pudiera exponer a las personas o a los pueblos en aislamiento voluntario, en una situación de riesgo, hay una decisión y una respuesta inmediata: la paralización de esa explotación”.

 

También justificó la rápida aplicación del Código Penal (seis meses), que en otros países como Perú ha tomado un proceso de años para la preparación de jueces y demás entes de justicia: “La Asamblea Nacional y de manera particular el Grupo Parlamentario por los Derechos de la Mujeres estamos haciendo un seguimiento a cada una de las disposiciones que establecía el tema de violencia contra las mujeres, la obligatoriedad de la defensoría pública, de implementar una unidad especializada para la atención de víctimas, igual en la Fiscalía general del Estado, el número de peritos acreditados en el Consejo de la Judicatura también, porque son un complemento, una herramienta que va a abonar a la investigación de cada una de estas causas. El trabajo o la vigilancia que hagamos como ente de control también a esta ejecución, a esta implementación de reforma penal es de todos los días”.

 

Vea la entrevista completa aquí: 

 

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