Carvajal insiste en que la rectoría del agua debe estar en manos del Estado

El asambleísta y presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, Miguel Carvajal, dialogó en el programa Contacto Directo sobre el proyecto de Ley Orgánica de los Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua (llamada "Ley de Aguas").

En este sentido, resaltó las bondades de este documento, como la consulta prelegislativa sobre 60 de los 260 artículos del proyecto de ley y que se realizó por primera vez en la historia ecuatoriana, orientada a proteger los derechos colectivos de pueblos y comunidades ancestrales.

“En lo que se refiere a concesiones mineras, el texto de la ley es clara: no puede realizarse actividades que afecten las fuentes de agua ni zonas de recarga hídrica, particularmente aquellas actividades extractivas como la minería. El hecho de que exista, por ejemplo, una concesión de 50 hectáreas, no quiere decir que se hará agujeros en las 50, para cada perforación se deberá realizar estudios de impacto ambiental, para lo cual el ministerio del ambiente otorgará la autorización correspondiente”, explicó Carvajal.

Sobre la participación de las comunidades, el asambleísta recordó que la Constitución, en su artículo 313, recupera la definición de los sectores estratégicos, y que el agua es parte de estos sectores. “De acuerdo a nuestra norma constitucional, debe haber regulación y control del estado, en este caso para garantizar las fuentes de agua, pero también su buena calidad para las generaciones actuales y futuras. Por lo tanto, la legislación propone que la autoridad única del agua tenga varios niveles de participación, uno de ellos es la rectoría, que debe estar dentro del Estado, que defina y apruebe las políticas”. 

En este punto, existe desacuerdo porque la Conaie plantea que la autoridad única del agua se conforme de manera paritaria con la representación del Estado (a nivel nacional, provincial y municipal) y con la representación de comunidades y usuarios, frente a los niveles de participación amplias que propone el movimiento del oficialismo.

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